Santiago, República Dominicana. El Ministerio Público formalizó la acusación contra la estructura criminal desmantelada mediante la Operación Onco14, señalada de ejecutar un presunto esquema de fraude que habría causado pérdidas millonarias al Estado dominicano, al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y afectado a cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.

La investigación, encabezada por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, identifica como principales responsables a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad encargada de administrar el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

Entre los imputados figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exintegrante de la junta directiva del IORC; Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del exdirectivo, quien desempeñó simultáneamente las funciones de vicepresidenta y auditora interna y externa de la institución durante la gestión del principal acusado.

De acuerdo con el expediente acusatorio, los investigados habrían utilizado empresas y entidades vinculadas, entre ellas Vargas Lora & Asociados —actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center— y la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, para desviar recursos destinados a tratamientos médicos esenciales de pacientes afiliados al régimen subsidiado.

Permanencia prolongada en el cargo

Uno de los aspectos que destaca el Ministerio Público es que, pese a que los estatutos del Instituto Oncológico Regional del Cibao establecían un período de dos años para la presidencia del Patronato, Héctor Antonio Lora Cruceta permaneció al frente de la entidad desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.

Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidenciaría una intención de mantener el control sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, señaló que esta constituye la tercera estructura criminal sometida a la justicia en el marco de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en perjuicio de SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación SeNaSa bajo la dirección de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

Evidencias ocupadas

Durante los allanamientos realizados con el apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), las autoridades ocuparon dinero en efectivo, títulos de propiedad, computadoras, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento de video (DVR), documentación considerada comprometedora y varios vehículos.

Cargos imputados

El Ministerio Público sostiene que los acusados deberán responder por diversos delitos, entre ellos asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología relacionados con acceso ilícito a sistemas informáticos y lavado de activos.

Las autoridades continúan profundizando las investigaciones para determinar el alcance total de las operaciones atribuidas a la red desmantelada.