El Ministerio Público (MP) presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio contra nueve integrantes de una organización criminal transnacional, vinculada al tráfico internacional de cocaína, lavado de activos, tenencia ilegal de armas de fuego y otros delitos, desmantelada mediante la Operación Leopardo.
La acusación fue depositada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia contra Moisés Severino Inirio (el Flaco), Pedro Luis Cordero Espinal, José Ignacio de Jesús Mota (el Gordo), Daniela Sthefany Amancio Olaverría, Rafael Torrez Díaz, Wilson Rafael Severino Inirio, Antun Mrdeza (Nikolas Boros), Mioara-Sanda Burcina y Néstor Julio Rodríguez Robles.
Estructura y operaciones
Según la investigación, la organización utilizaba villas, establecimientos comerciales, propiedades rurales y complejos turísticos del Este como centros de recepción, almacenamiento y despacho de drogas. Los cargamentos llegaban desde Colombia por las costas de Bayahíbe, San Pedro de Macorís, Pedernales, Barahona y el Parque Nacional Cotubanamá, para luego ser transportados por tierra y enviados en embarcaciones privadas hacia Puerto Rico, desde donde se distribuían hacia Estados Unidos, Canadá, Europa y otros destinos.
Uno de los hechos centrales ocurrió el 25 de abril de 2025, cuando las autoridades ocuparon 993 paquetes de cocaína (1,027.15 kg) en la embarcación Lucifer, en Cap Cana. Posteriormente, el 18 de octubre de 2025, se ejecutaron 17 allanamientos simultáneos, con el decomiso de 666.27 kg de cocaína, parte de ellos almacenados en el establecimiento Drinks Súper Fría, en San Rafael del Yuma. En conjunto, las operaciones vincularon a la red con 1,693.42 kg de cocaína, casi 1.7 toneladas.
El expediente señala que Moisés Severino Inirio era el principal coordinador logístico; Pedro Luis Cordero Espinal manejaba la coordinación internacional; y Daniela Amancio Olaverría cumplía funciones financieras y logísticas. Los demás acusados desempeñaban tareas de transporte, almacenamiento, custodia de drogas, administración de establecimientos y ocultamiento de bienes.
Lavado de activos y bienes incautados
Los análisis financieros identificaron movimientos superiores a RD$258.8 millones y US$1.6 millones, mediante depósitos fraccionados, transferencias entre cuentas relacionadas, retiros inmediatos en efectivo, uso de sociedades de fachada y operaciones con criptomonedas (USDT en la red TRC20).
El MP solicitó el decomiso de bienes vinculados, entre ellos:
- US$154,800 y RD$927,000 en efectivo.
- Una villa de lujo en Cap Cana adquirida por US$820,000.
- Un apartamento en la Torre Emporium (Santo Domingo).
- Dos solares en San Antonio de Guerra.
- Un apartamento en el Residencial Solarium I (La Romana).
- Embarcaciones: Beto III, Fish On y Lucifer.
- Vehículos de diferentes marcas y tipos, además de armas de fuego (pistolas, escopetas, rifles, fusil calibre 5.56).
- Relojes de lujo (Rolex, Breitling, Diesel, Apple, Curren), cadenas, pulseras y anillos.
- Cientos de dispositivos electrónicos, máquinas contadoras de dinero y documentos financieros.
El Ministerio Público sostiene que gran parte de estos bienes fue adquirida mediante pagos en efectivo, operaciones fragmentadas y sociedades instrumentales, sin justificación lícita.