Los obispos dominicanos solicitaron este domingo a la Dirección General de Migración (DGM) evitar que los hospitales públicos del país se conviertan en centros de verificación migratoria, donde los pacientes sean vigilados por su estatus legal en lugar de recibir atención prioritaria.
La preocupación fue expresada al concluir la 63ª Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), donde los religiosos emitieron un comunicado instando al Gobierno a revisar los protocolos actuales aplicados en los centros de salud.
Piden castigar el tráfico humano, no a los enfermos
En su mensaje, los obispos exhortaron a las autoridades a centrar su enfoque en los responsables del tráfico de personas y no en los pacientes que, en estado de vulnerabilidad, acuden a los hospitales buscando ayuda médica.
“La persecución debe dirigirse a quienes lucran con el sufrimiento humano, no a los más necesitados. Que no ocurran hechos que contradigan el Evangelio de la caridad”, expresaron los líderes eclesiásticos.
El documento califica como injusto que una madre, un niño o un trabajador indocumentado que busca atención médica en un hospital público tenga que enfrentar la amenaza de ser arrestado y deportado mientras aún se encuentra enfermo o en proceso de recuperación.
Protocolo genera tensión en centros de salud
El protocolo hospitalario vigente permite la presencia de agentes migratorios en hospitales públicos para verificar la identidad de los pacientes extranjeros.
Aunque no se niega la atención médica, aquellos que no portan documentos son arrestados al finalizar el proceso y luego enviados a sus países de origen.
Esta política ha generado un creciente rechazo entre sectores sociales, médicos y religiosos que cuestionan el enfoque represivo y no humanitario de la medida, especialmente en contextos de emergencia.
Los obispos alertaron que este tipo de prácticas genera desconfianza, temor y retraimiento entre la población migrante, que puede optar por no acudir a los centros de salud por miedo a ser deportada, incluso cuando se trata de situaciones graves.
Haitianos, los más afectados
Aunque la disposición no discrimina por nacionalidad, en la práctica los ciudadanos haitianos resultan ser los más impactados por esta política, dada la proporción de migrantes procedentes de ese país que residen de forma irregular en la República Dominicana.
Diversos informes y denuncias coinciden en que mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas y menores de edad han sido objeto de intervenciones migratorias tras ser atendidos médicamente.
Iglesia llama a actuar con humanidad
La CED reiteró que el respeto a la dignidad humana debe estar por encima de cualquier política migratoria.
Llamó al Gobierno a mantener la firmeza en el control fronterizo y en la lucha contra el tráfico ilegal, pero sin perder el enfoque humanitario en sectores tan sensibles como el de la salud.
“Una sociedad no puede medir su desarrollo solo por su crecimiento económico, sino por la forma en que trata a los más vulnerables”, afirmaron los obispos.
Finalmente, insistieron en que los hospitales deben seguir siendo espacios de auxilio y no de persecución, y exhortaron al Estado a promover políticas públicas más inclusivas, sostenidas por la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales.
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