ONU pide a Venezuela eliminar restricciones a las ONG para fortalecer ayuda tras los terremotos

Un grupo de expertos y mecanismos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó este jueves a las autoridades venezolanas a eliminar las restricciones que limitan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, al considerar que desempeñan un papel esencial en la atención de la emergencia provocada por los terremotos del pasado 24 de junio.

Los especialistas destacaron que organizaciones de derechos humanos, asociaciones comunitarias, redes vecinales y entidades internacionales participan activamente en las labores de búsqueda de desaparecidos, identificación de víctimas, asistencia humanitaria y distribución de medicamentos e insumos básicos en las zonas afectadas.

En ese sentido, subrayaron que estas organizaciones deben ser reconocidas como un actor clave en las próximas etapas de la respuesta y la recuperación, debido a su contribución directa a las comunidades damnificadas.

Entre las principales preocupaciones planteadas figura la aplicación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, que exige procesos de inscripción o reinscripción ante un registro estatal.

Los expertos señalaron que estos procedimientos, sumados al llamado “silencio administrativo” por parte de las autoridades, dificultan el funcionamiento de numerosas organizaciones e incluso podrían derivar en la suspensión de su personalidad jurídica.

Asimismo, expresaron preocupación por las regulaciones impuestas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), al considerar que establecen controles excesivos sobre las organizaciones y complican la recepción y administración de recursos, incluidos los provenientes de organismos internacionales.

Finalmente, la ONU exhortó al Gobierno venezolano a facilitar las transferencias de ayuda económica a las personas afectadas por los terremotos y garantizar que las fuerzas de seguridad protejan los centros de acopio y las iniciativas ciudadanas de asistencia humanitaria.