Santo Domingo.– El periodista y abogado Pedro Jiménez llamó la atención sobre las condiciones de contratación de dos importantes proyectos de infraestructura hídrica que, en conjunto, representan inversiones superiores a los US$1,000 millones, y advirtió sobre las posibles consecuencias de limitar la participación directa de empresas dominicanas.
Jiménez se refirió al proyecto de seguridad hídrica Hatillo–Santo Domingo, bajo responsabilidad de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), y al programa integral de agua potable, saneamiento y reúso de Punta Cana–Bávaro, impulsado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).
A juicio del comunicador, una estructura de contratación que restrinja la participación directa de compañías nacionales podría generar consecuencias económicas para el país, especialmente por tratarse de infraestructura estratégica y proyectos que contemplan períodos prolongados de operación.
“No se trata de cerrar las puertas a la inversión extranjera. Se trata de evitar que las reglas terminen cerrándole las puertas al empresario dominicano”, afirmó.
De acuerdo con las informaciones suministradas, el proyecto Hatillo–Santo Domingo contempla una inversión estimada entre US$600 millones y US$700 millones, mientras que el programa de agua potable, saneamiento y reúso de Punta Cana–Bávaro tendría un costo total de financiamiento de US$400 millones.
Jiménez sostuvo que, debido a la magnitud de las inversiones, la discusión debe abarcar no solamente la construcción de las obras, sino también las condiciones bajo las cuales serán operadas y la participación que tendrán el capital y la experiencia dominicana.
“Estamos hablando de infraestructura hídrica estratégica, por eso hay que preguntar quién tendrá la responsabilidad de operarla, bajo qué condiciones, durante cuánto tiempo y qué participación real tendrá el capital y la experiencia dominicana”, manifestó.
El periodista planteó que los requisitos de experiencia para la operación y mantenimiento deberían ser evaluados desde la perspectiva de garantizar una competencia efectiva.
Consideró que una empresa dominicana con capacidad financiera, técnica y experiencia en grandes proyectos de infraestructura debería tener la posibilidad de participar directamente y, cuando sea necesario, contratar experiencia internacional especializada.
Jiménez también llamó a la CAASD y al INAPA a procurar que estas inversiones contribuyan a la transferencia tecnológica, capacitación de profesionales, fortalecimiento de empresas nacionales y desarrollo de capacidades locales.
“Una inversión de esta magnitud debe dejar infraestructura, pero también debe dejar conocimiento, empresas fortalecidas y capacidades dominicanas. No podemos conformarnos con que el país sea solamente el lugar donde se construyen las obras”, expresó.
Asimismo, solicitó a ambas instituciones explicar públicamente los mecanismos contemplados para garantizar una competencia amplia y la participación efectiva de compañías nacionales.
Jiménez también consideró importante que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señalado como organismo financiador y acompañante de estos programas, mantenga estándares de transparencia y competencia durante los procesos de contratación.
“Mi llamado es a revisar y transparentar las condiciones antes de que los contratos sean adjudicados. Todavía estamos a tiempo de garantizar reglas que permitan la participación internacional, pero que al mismo tiempo protejan y fortalezcan al empresariado dominicano”, concluyó.
El comunicador aclaró que sus planteamientos no buscan cuestionar la participación de compañías extranjeras por su origen, sino reclamar igualdad de oportunidades, competencia efectiva, transparencia y una participación sustantiva de empresas dominicanas en proyectos considerados estratégicos para el país.