El abogado penalista Leo Bonilla, litigante de los tribunales de la República Dominicana, expresó su respaldo total al proyecto de ley que busca establecer la castración como sanción para personas involucradas en delitos sexuales contra menores de edad, a propósito del caso que ha estremecido al país por la desaparición y muerte de la niña Brianna Genao.
Durante sus declaraciones, Bonilla afirmó que los proyectos de ley surgen de las necesidades de las sociedades, con el objetivo de regular la conducta humana y aplicar sanciones ejemplares ante hechos que atentan contra el orden social. En ese sentido, consideró que la iniciativa legislativa envía un mensaje claro y contundente contra la pedofilia, conducta que definió como una patología y como un acto “totalmente contrario a la naturaleza, a la sociedad y a las normas jurídicas”.
El jurista sostuvo que medidas de este tipo pueden servir como mecanismo disuasivo frente a crímenes sexuales contra menores, al tiempo que refuerzan el compromiso del Estado con la protección de la niñez.
Bonilla también rechazó de manera categórica los argumentos de sectores que alegan que sin cuerpo no hay delito, incluso en casos donde existe confesión del imputado. Calificó esa postura como un absurdo jurídico, señalando que una confesión constituye por sí misma un relevo de prueba suficiente para que el proceso penal avance.
“Si hay una persona que admite haber cometido el hecho, ya existe una prueba directa que permite su juzgamiento y posterior condena conforme a nuestra normativa procesal penal”, explicó.
El abogado abordó además el estado psicológico en el que, según indicó, actúan muchos agresores al cometer este tipo de crímenes. Señaló que durante la comisión del hecho entran en un estado de éxtasis, lo que explicaría por qué algunos imputados afirman no recordar dónde dejaron el cuerpo de la víctima.
Las declaraciones de Bonilla se producen en medio de un intenso debate nacional generado por el caso de Brianna Genao, que ha reavivado la discusión sobre el endurecimiento de las penas y la necesidad de reformas legales más severas frente a delitos sexuales contra menores en la República Dominicana.