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Permaneció casi 20 años en prisión preventiva sin sentencia y recupera su libertad

Un hombre permaneció casi 20 años privado de libertad sin una sentencia definitiva, en uno de los casos más prolongados de prisión preventiva registrados en la República Dominicana, hasta que una intervención de la Oficina Nacional de Defensa Pública permitió corregir la situación. El ciudadano, cuya identidad fue reservada, estuvo recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Beller, en Dajabón, desde el 20 de junio de 2006, bajo una medida de prisión preventiva que nunca fue sustituida por una decisión judicial definitiva. La irregularidad fue detectada por defensores públicos del Departamento Judicial de Montecristi, quienes revisaron el expediente, reconstruyeron el historial procesal del caso y realizaron las gestiones necesarias ante los tribunales. Durante la investigación, los abogados encontraron informes médicos que acreditaban la condición de salud mental del interno. Además, verificaron que en 2009 tanto el Ministerio Público como la Defensa solicitaron aplicar un procedimiento especial para personas inimputables, petición que fue rechazada por el Tribunal Colegiado de Dajabón. En lugar de resolver el proceso, el tribunal suspendió la acción penal hasta que el imputado recuperara su salud mental, decisión que derivó en un prolongado limbo judicial durante casi dos décadas. Ante esta situación, la Defensa Pública interpuso una acción de hábeas corpus y posteriormente un recurso de apelación. Finalmente, la Corte ordenó su libertad mediante una sentencia emitida el 25 de febrero de 2026, poniendo fin a una de las privaciones de libertad sin condena más extensas documentadas en el país. El director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, afirmó que el caso evidencia la importancia de garantizar el respeto al debido proceso y la protección de los derechos fundamentales, especialmente de las personas en condición de vulnerabilidad. La institución calificó el hecho como una grave vulneración de derechos constitucionales, al mantener a una persona encarcelada durante casi 20 años sin una decisión judicial definitiva sobre su situación procesal.

Un hombre permaneció casi 20 años privado de libertad sin una sentencia definitiva, en uno de los casos más prolongados de prisión preventiva registrados en la República Dominicana, hasta que una intervención de la Oficina Nacional de Defensa Pública permitió corregir la situación.

El ciudadano, cuya identidad fue reservada, estuvo recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Beller, en Dajabón, desde el 20 de junio de 2006, bajo una medida de prisión preventiva que nunca fue sustituida por una decisión judicial definitiva.

La irregularidad fue detectada por defensores públicos del Departamento Judicial de Montecristi, quienes revisaron el expediente, reconstruyeron el historial procesal del caso y realizaron las gestiones necesarias ante los tribunales.

Durante la investigación, los abogados encontraron informes médicos que acreditaban la condición de salud mental del interno. Además, verificaron que en 2009 tanto el Ministerio Público como la Defensa solicitaron aplicar un procedimiento especial para personas inimputables, petición que fue rechazada por el Tribunal Colegiado de Dajabón.

En lugar de resolver el proceso, el tribunal suspendió la acción penal hasta que el imputado recuperara su salud mental, decisión que derivó en un prolongado limbo judicial durante casi dos décadas.

Ante esta situación, la Defensa Pública interpuso una acción de hábeas corpus y posteriormente un recurso de apelación. Finalmente, la Corte ordenó su libertad mediante una sentencia emitida el 25 de febrero de 2026, poniendo fin a una de las privaciones de libertad sin condena más extensas documentadas en el país.

El director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, afirmó que el caso evidencia la importancia de garantizar el respeto al debido proceso y la protección de los derechos fundamentales, especialmente de las personas en condición de vulnerabilidad.

La institución calificó el hecho como una grave vulneración de derechos constitucionales, al mantener a una persona encarcelada durante casi 20 años sin una decisión judicial definitiva sobre su situación procesal.

Steffany Baez

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