Steffany Baez
La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) solicitó al Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este la apertura a juicio contra una empresa y cinco personas acusadas de cometer un fraude eléctrico que habría causado pérdidas superiores a RD$1.6 millones en perjuicio del Estado dominicano y de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste).
La solicitud fue presentada por la fiscalizadora Martha Idalia Florentino, adscrita a la PGASE, contra la empresa Mercedes Liriano Auto Detailing S.R.L. y los imputados Engels Luis Alemán Bernabé, Francisco Daniel Mesa Ureña, Agustín Jiménez Camilo, Caonabo Enrique Mesa Ureña, conocido como “Toxic Crow”, y Marco Lauren Rodríguez.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, durante un allanamiento realizado en el establecimiento ubicado en la calle Club Rotario No. 45, en el ensanche Ozama, Santo Domingo Este, donde operan Mercedes Liriano Auto Detailing, Paris Bar & Lounge y Paris Auto Spa, las autoridades detectaron una manipulación del sistema de medición eléctrica.
Los técnicos comprobaron que el suministro contratado a nombre de Mesa Ureña, señalado como el principal beneficiario, presentaba el cable de señal de corriente correspondiente a la fase “C” desconectado en uno de los terminales de conexión del medidor.
Asimismo, verificaron que los transformadores de corriente (CT’S) tenían el flujo invertido respecto a los conductores de la acometida eléctrica, lo que impedía que el medidor registrara correctamente el consumo de energía debido a su configuración de medición indirecta en baja tensión.
Durante la inspección, Mesa Ureña, quien se identificó como socio mayoritario de Paris Bar & Lounge / Paris Auto Spa y fungía como fiador solidario, entregó un contrato de arrendamiento.
Ese documento establece que Mercedes Liriano Auto Detailing S.R.L., representada por Engels Luis Alemán Bernabé, arrendó el inmueble a Francisco Daniel Mesa Ureña, Agustín Jiménez Camilo y Marco Lauren Rodríguez, lo que, según el Ministerio Público, evidencia que tanto el arrendador como los arrendatarios y el fiador solidario se beneficiaron de la sustracción ilegal de energía.
La investigación determina que los acusados sustrajeron 184,088 kilovatios hora (KWH) de energía eléctrica, generando un perjuicio económico de RD$1,691,768.72.
El Ministerio Público sostiene que estos hechos constituyen una infracción grave por fraude eléctrico, tipificada en los artículos 125, literal A; 125-2, literal A, numeral 3; 125-7, párrafo III; y 125-9, numerales 6 y 7, de la Ley General de Electricidad 125-01, modificada por la Ley 186-07.
Además, la acusación incluye el cargo de asociación de malhechores, previsto y sancionado en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
Dary Terrero
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