Steffany Baez
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes lo que calificó como una supuesta ofensiva contra la libertad de expresión, alegadamente impulsada desde el Gobierno a través de diversas iniciativas legislativas que, según la organización, podrían afectar el periodismo de investigación, las denuncias ciudadanas y el derecho a la crítica contra funcionarios públicos.
Durante su rueda de prensa habitual, el partido opositor afirmó que existen “marcadas y malsanas intenciones” de limitar la libre difusión del pensamiento, advirtiendo que algunas propuestas legales se asemejan a prácticas propias de regímenes “totalitarios y dictatoriales”.
El PLD propuso modificar artículos del nuevo Código Penal, revisar la Ley 1-26 que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y someter a debate en el Consejo Económico y Social (CES) cualquier normativa relacionada con medios de comunicación antes de su aprobación.
Entre sus principales preocupaciones, la organización señaló el nuevo Código Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para el 3 de agosto. A su juicio, disposiciones relacionadas con difamación, injuria y el denominado “ultraje a funcionarios” podrían ser utilizadas para restringir la crítica a la gestión pública.
También cuestionó la Ley 1-26 de la DNI, al considerar que conceptos como “intereses nacionales” y “objetivos nacionales” son demasiado amplios y podrían dar lugar a interpretaciones discrecionales que afecten derechos fundamentales, incluyendo la protección de fuentes periodísticas.
Como tercera observación, el PLD se refirió al proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, que perimió en el Senado, y pidió que cualquier nueva iniciativa sea discutida con la participación de periodistas, juristas, académicos y organizaciones de la sociedad civil en el CES.
El partido respaldó sus señalamientos en decisiones del Tribunal Constitucional, citando sentencias que han eliminado sanciones penales vinculadas a expresiones y establecido límites a restricciones sobre la libertad de expresión.
Asimismo, recordó que precedentes del alto tribunal han declarado inconstitucionales diversas disposiciones legales en materia de expresión, aunque algunas de esas normativas fueron aprobadas en gobiernos anteriores, incluyendo administraciones del propio PLD.
Finalmente, la organización insistió en la necesidad de adecuar el marco legal a los estándares constitucionales, garantizar el debate amplio sobre cualquier regulación de medios y evitar que se reproduzcan mecanismos que puedan limitar derechos fundamentales.
Dary Terrero
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