La organización opositora critica que el Gobierno eliminara la disposición que establecía un arancel de 99 % para las importaciones de arroz estadounidense que excedieran una cuota preferencial y reclama transparencia, financiamiento y medidas concretas para garantizar la competitividad del sector.
Santo Domingo, D.N.
-El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) cuestionó la derogación del Decreto 693-24 mediante el Decreto 635-26 y exigió al presidente Luis Abinader presentar un plan de contingencia y modernización del sector arrocero, al considerar que la decisión deja a los productores nacionales frente a los desafíos de la apertura comercial sin garantías claras sobre su futuro.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante la acostumbrada rueda de prensa que celebra cada lunes el partido morado. El documento fue leído por el miembro del Comité Central Winston Marte, acompañado por los miembros del Comité Político Richard Medina, Elías Cornelio y Robert de la Cruz; el vicepresidente del PLD, Yvan Lorenzo, y Emilio Toribio Olivo, titular de Asuntos Campesinos.
La organización opositora sostiene que la eliminación de la medida contradice las expectativas de protección que el propio Gobierno había generado entre los agricultores, en momentos en que se intensifican las exigencias relacionadas con el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
Para el PLD, el problema no radica únicamente en la derogación del decreto, sino en la falta de respuestas concretas sobre cómo las autoridades prepararon al sector para competir bajo las nuevas condiciones comerciales, pese a que la conclusión del período de desgravación arancelaria del arroz estaba prevista desde la firma del acuerdo.
La organización recordó que el Decreto 693-24, emitido el 17 de diciembre de 2024, estableció una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense libre de aranceles y un gravamen de 99 % para las importaciones que superaran ese volumen.
Sin embargo, afirma que esa disposición no estuvo acompañada de garantías suficientes para su permanencia y cuestiona que, posteriormente, el Gobierno optara por derogarla sin presentar, al mismo tiempo, un programa integral de respaldo a los productores.
El partido también puso en tela de juicio la política de importaciones aplicada por la actual administración. En ese contexto, recordó que en septiembre de 2021 el Gobierno eliminó el Decreto 569-12, que establecía subastas públicas para la asignación de permisos de importación de productos agropecuarios, y criticó la falta de mecanismos que, a su juicio, aseguren transparencia en esas operaciones.
A juicio del PLD, la sucesión de decisiones sobre el arroz evidencia la necesidad de que el Poder Ejecutivo explique cuáles fueron los criterios técnicos, comerciales y jurídicos que sustentaron la emisión del Decreto 693-24 y las razones que posteriormente llevaron a su derogación.
## Seis años de gestión bajo cuestionamiento
El PLD considera que, desde agosto de 2020, el Gobierno dispuso de tiempo suficiente para desarrollar una estrategia de adaptación del sector arrocero ante la apertura comercial prevista en el DR-CAFTA.
No obstante, sostiene que las autoridades todavía deben presentar una evaluación pública que permita conocer los resultados de las políticas ejecutadas entre 2021 y 2026, especialmente en materia de reducción de costos, aumento de la productividad, modernización del riego, mecanización agrícola y acceso al financiamiento.
La organización entiende que la protección de los productores no puede depender de disposiciones coyunturales que después sean retiradas, sino de una política de Estado con objetivos medibles, recursos asignados y mecanismos de seguimiento.
En contraste, el partido reivindicó las medidas aplicadas durante los gobiernos del expresidente Danilo Medina, que, según afirma, estuvieron dirigidas a elevar la productividad y fortalecer la competitividad del arroz dominicano.
Entre esas iniciativas mencionó el desarrollo de nuevas variedades, la nivelación de terrenos mediante tecnología GPS, la pignoración para facilitar la comercialización de las cosechas, la rehabilitación de caminos interparcelarios y canales de riego, el financiamiento agrícola y el control de las importaciones.
De acuerdo con las cifras presentadas por el PLD, la productividad pasó de 4,127 kilogramos por hectárea en 2012 a 5,145 kilogramos en 2019, para un incremento de 1,018 kilogramos por hectárea durante ese período.
La organización también recordó que la administración de Medina conformó una comisión de alto nivel para abordar las implicaciones de la desgravación arancelaria de productos agropecuarios sensibles y promover conversaciones con Estados Unidos.
Según el PLD, esas gestiones incluyeron una solicitud de extensión de diez años del período de desgravación, con el propósito de disponer de más tiempo para mejorar la productividad y preparar a los productores frente a la competencia internacional.
## Un sector clave para la seguridad alimentaria
El partido advirtió que las consecuencias de la política arrocera trascienden los intereses económicos de los productores, debido al peso del cereal en la alimentación de los dominicanos y su importancia para el empleo y los ingresos en las zonas rurales.
Citó estimaciones de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro), según las cuales el sector reúne alrededor de 30,000 productores y genera más de 300,000 empleos directos e indirectos.
En ese escenario, el PLD considera que la apertura comercial debe acompañarse de medidas que permitan a los agricultores nacionales competir en condiciones sostenibles, sin trasladar de manera desproporcionada sus efectos a las familias productoras ni comprometer el abastecimiento del mercado.
La organización también señaló que el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, ha manifestado que el Gobierno procurará nuevas conversaciones con Estados Unidos y mantendrá el respaldo al sector arrocero. Sin embargo, cuestionó que esas declaraciones no hayan estado acompañadas, hasta el momento al que se refiere su pronunciamiento, de un calendario público con acciones, presupuesto y metas verificables.
## Las cinco medidas que reclama el PLD
Ante la situación, el Partido de la Liberación Dominicana planteó cinco acciones que considera necesarias para enfrentar los efectos de la derogación del decreto y fortalecer la producción nacional:
**1. Convocar una mesa nacional de negociación.** Propone reunir a las organizaciones de productores, los industriales arroceros y las autoridades competentes para evaluar las consecuencias de la medida y acordar respuestas inmediatas.
**2. Publicar una evaluación de la política arrocera entre 2021 y 2026.** Solicita transparentar los recursos invertidos, la evolución de la productividad, los costos de producción y los resultados de las medidas adoptadas para preparar al sector ante la apertura comercial.
**3. Explicar las razones de la emisión y derogación de los decretos.** Reclama que se hagan públicos los fundamentos jurídicos de ambas decisiones, las comunicaciones intercambiadas con Estados Unidos y las recomendaciones del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN).
**4. Abrir negociaciones formales con Estados Unidos.** Plantea explorar mecanismos de cooperación, transición y apoyo a los productores que sean compatibles con las obligaciones asumidas por el país en el DR-CAFTA.
**5. Ejecutar un programa extraordinario de modernización.** Propone destinar financiamiento específico a la rehabilitación de canales de riego, la mecanización, la investigación agrícola, la asistencia técnica, el crédito y la reducción de los costos de producción, con atención especial a los pequeños y medianos productores. El programa, agrega, debe contemplar medidas transitorias para enfrentar posibles pérdidas de ingresos y dificultades de comercialización.
## El Gobierno debe pasar de las declaraciones a las medidas concretas
El PLD insistió en que la derogación del Decreto 693-24 no debe traducirse en el abandono de los productores ni en la adopción de nuevas disposiciones que generen expectativas de protección sin tomar en cuenta las obligaciones comerciales del país.
La organización entiende que el desafío del Gobierno consiste en conciliar el cumplimiento del DR-CAFTA con la defensa de la capacidad productiva nacional, mediante políticas que eleven la eficiencia del sector y reduzcan su vulnerabilidad ante las importaciones.
En ese sentido, reclamó a la administración de Abinader un plan de contingencia y modernización que incluya presupuesto definido, plazos de ejecución, responsabilidades institucionales y resultados que puedan ser evaluados públicamente.
El objetivo, según el partido, debe ser garantizar la continuidad de la producción arrocera, preservar los empleos rurales y mantener el arroz dominicano a precios asequibles para los consumidores.
La organización concluyó que la respuesta del Poder Ejecutivo debe ir más allá de explicar las razones de la derogación: debe establecer cómo evitará que los productores nacionales carguen solos con las consecuencias de la apertura comercial y qué recursos destinará a modernizar el sector.