El Poder Ejecutivo depositó ante el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado (PGE) para 2027, que contempla ingresos por RD$1,620,001.4 millones, erogaciones por RD$2,084,127.4 millones y un techo de gasto de RD$1,944,738.7 millones.
La iniciativa, remitida a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto (Digepres), proyecta un crecimiento real de la economía de 4.75 % para el próximo año y una inflación promedio de 4.5 %.
Prioridades del gasto
El documento establece como prioridades el gasto social, la inversión pública y el fortalecimiento de áreas como educación, salud, infraestructura, transporte, agua y saneamiento.
En el Gobierno central, el gasto de capital alcanzaría los RD$257,763.8 millones, para un incremento de 19.7 % con relación al presupuesto inicial de 2026. De ese monto, RD$111,609.2 millones serían destinados a 1,306 proyectos de inversión pública con código SNIP, vinculados a sectores como transporte, infraestructura vial, energía, agua y saneamiento, salud, educación, producción agrícola, cambio climático y transformación digital.
Educación y salud
La educación figura entre las principales áreas de inversión. El proyecto contempla RD$364,399.5 millones para esta función, mientras que el Ministerio de Educación dispondría de RD$365,570.5 millones, un aumento de 10.1 % respecto al presupuesto aprobado para 2026.
Asimismo, junto al MESCyT, el sector educativo concentraría RD$391,303.1 millones. Dentro de las partidas educativas se incluyen RD$30,814.5 millones para el programa de alimentación escolar, dirigido a cerca de 1.96 millones de estudiantes, y RD$4,134 millones para servicios de apoyo estudiantil destinados a 1.85 millones de alumnos en situación de vulnerabilidad.
En tanto, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se asignarían RD$198,727 millones, para un incremento de 10 %, con énfasis en el primer nivel de atención y la red hospitalaria.
Para protección social, pensiones, asistencia y vivienda sociales se proyectan RD$317,340.6 millones.
Infraestructura y transporte
El proyecto también prioriza obras de infraestructura y movilidad. Entre las inversiones contempladas figura el Monorriel de Santiago de los Caballeros, con RD$6,371 millones, y la ampliación de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, con RD$1,465.6 millones.
Además, se prevén RD$1,565 millones para obras de resiliencia climática en infraestructura vial. En conjunto, la función transporte dispondría de RD$113,434.2 millones.
Para el sector eléctrico se contemplan RD$3,450.1 millones destinados al mejoramiento de redes de media y baja tensión, RD$1,878 millones para la Presa Montegrande y RD$2,635 millones para la reducción de pérdidas técnicas.
En agua y saneamiento, la función vivienda y servicios comunitarios recibiría RD$38,258.6 millones, de los cuales el 75.9 % estaría destinado al abastecimiento de agua potable.
Déficit y financiamiento
Para el Gobierno central, el proyecto estima ingresos por RD$1,510,574.5 millones y gastos por RD$1,837,856 millones.
El resultado primario proyectado sería superavitario en RD$24,045.5 millones, equivalente al 0.3 % del PIB, mientras que el resultado financiero registraría un déficit de RD$327,281.5 millones, equivalente al 3.4 % del PIB.
El financiamiento del déficit contempla emisiones de bonos globales y domésticos, además de recursos provenientes de organismos multilaterales y bilaterales.
Vinculación con planes nacionales
El proyecto también establece una vinculación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), el Plan Plurianual y Meta RD 2036, con más de RD$500,605.3 millones asociados a los objetivos de la END.
Durante la formulación del presupuesto, se realizaron 32 sesiones de los Consejos de Desarrollo, en las que fueron priorizadas 503 demandas ciudadanas relacionadas con obras y necesidades de distintas comunidades.
El proyecto fue entregado por el subdirector de Presupuesto, Iván Ramírez, en representación del director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
La iniciativa deberá ser conocida y aprobada por el Congreso Nacional antes de finalizar 2026, para entrar en vigencia el 1 de enero de 2027.