La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia impuso este martes tres meses de prisión preventiva a Rubelly Solimán Herrera, imputada en el proceso por la muerte de Melanie Stacy Castillo Diñó, de 24 años, ocurrida el pasado 13 de julio en Higüey.
La medida de coerción fue conocida a partir de las 9:00 de la mañana, según consta en el rol de audiencias del Juzgado de la Instrucción de La Altagracia correspondiente a este 11 de agosto. Herrera deberá cumplir la prisión preventiva en la cárcel pública de La Colón, en Higüey, de acuerdo con el abogado de los familiares de la víctima, Carlos Martínez.
Argumentos de la defensa y la familia
Martínez consideró que la decisión se corresponde con la gravedad del caso y con la etapa inicial de la investigación. “Entendemos que era la medida justa, ya que los hechos establecen que hay una muerte, que hay varias personas”, expresó tras conocerse la decisión.
El representante de la familia sostuvo que todavía quedan diligencias pendientes para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho y establecer la responsabilidad que eventualmente corresponda a cada persona involucrada.
Por su parte, Loren Diñó, hermana de la víctima, manifestó satisfacción con la decisión del tribunal y dijo esperar que la investigación permita esclarecer por completo lo ocurrido. “No solo se perdió la vida de mi hermana, sino que un niño perdió a su madre”, señaló, al tiempo que explicó que el impacto emocional ha llevado a integrantes de la familia a buscar asistencia psicológica para afrontar el duelo.
Los hechos y el proceso judicial
Melanie Stacy Castillo Diñó murió durante la madrugada del 13 de julio tras sufrir una herida de arma blanca en el lado izquierdo del pecho mientras compartía con varias personas en un establecimiento del sector Pepe Rosario, en Higüey. Fue trasladada de emergencia a un centro hospitalario, donde se certificó que llegó sin signos vitales.
Rubelly Solimán Herrera era buscada por las autoridades y se entregó voluntariamente el 29 de julio en la Dirección Regional La Altagracia de la Policía Nacional, acompañada de su abogado, Modesto Castillo. Desde entonces quedó bajo control de las autoridades para continuar las diligencias del Ministerio Público y la Policía.
El rol de audiencias identifica como fundamento jurídico del proceso los artículos 59, 60, 295 y 304 del Código Penal, que regulan la complicidad y las penas aplicables al homicidio. La imposición de prisión preventiva no constituye una condena, sino una medida cautelar mientras el Ministerio Público reúne los elementos de prueba para sustentar, modificar o descartar las imputaciones.