Dary Terrero
Un proyecto de ley presentado en el Senado de la República busca establecer una regulación integral para los repartidores y conductores afiliados a plataformas digitales como Uber, Uber Eats, Didi, InDriver y PedidosYa.
La propuesta contempla el pago obligatorio del salario mínimo, así como la inclusión en el sistema de seguridad social del país.
La iniciativa fue sometida por el senador Antonio Marte, representante de Santiago Rodríguez, y apunta a garantizar derechos laborales esenciales para miles de trabajadores independientes del sector digital.
Salario mínimo sin importar las horas trabajadas
Uno de los puntos más relevantes del proyecto establece que las plataformas deberán garantizar que los repartidores y conductores afiliados reciban, como mínimo, el equivalente al salario mínimo vigente, sin importar la cantidad de horas trabajadas.
Además, se plantea que las empresas tecnológicas deberán contratar seguros médicos, pólizas contra accidentes y de responsabilidad civil, tanto para los trabajadores como para terceros que pudieran resultar afectados durante el ejercicio de sus funciones.
Este componente busca reducir la vulnerabilidad de quienes actualmente operan en condiciones precarias, sin estabilidad financiera ni cobertura médica ante accidentes o emergencias.
Registro obligatorio y aportes a la seguridad social
El proyecto también contempla la creación de un Registro Nacional de Plataformas de Transporte, que estaría bajo la administración del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Toda empresa que ofrezca servicios de transporte o entrega mediante aplicaciones tecnológicas deberá inscribirse en este registro.
Asimismo, se les exigiría realizar cotizaciones ante la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), lo que implicaría el pago de aportes por concepto de salud, pensión, riesgos laborales e INFOTEP, como lo hacen las empresas tradicionales.
Según Marte, esta propuesta responde a una necesidad urgente de proteger legalmente a un segmento laboral creciente, muchas veces ignorado por las leyes vigentes y por los propios empleadores digitales.
Reacciones y posibles implicaciones
De ser aprobada, la ley transformaría por completo la manera en que operan estas plataformas en República Dominicana, equiparando las condiciones de sus trabajadores con las del resto del mercado laboral formal.
Aunque aún no se han pronunciado oficialmente, se anticipa que las grandes empresas tecnológicas podrían objetar la propuesta, alegando que sus trabajadores son independientes y no empleados directos.
Sin embargo, el proyecto busca cerrar precisamente esa brecha legal, definiendo responsabilidades empresariales claras.
La iniciativa ha comenzado a generar interés entre sindicatos, juristas laborales y defensores de derechos del trabajador, quienes ven en este proyecto un paso clave hacia la justicia social en la economía digital.
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Leydi Quezada
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