La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en segunda lectura, el proyecto de Ley Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral, que establece nuevas reglas para el acceso, uso y fiscalización de los programas de financiamiento académico en la República Dominicana.
Retorno obligatorio de becados
La iniciativa, propuesta por el diputado José Manuel Caraballo Gómez, dispone en su artículo 15 que los beneficiarios de becas internacionales deberán retornar al país al concluir sus estudios y prestar servicios profesionales en territorio nacional por un período de dos a cinco años.
En caso de incumplimiento, los estudiantes estarán obligados a devolver los fondos recibidos y podrían enfrentar procesos civiles o penales. El proyecto aclara que esta obligación no constituye una restricción de derechos fundamentales, sino una condición vinculada al principio de reciprocidad social y a la función pública de la educación.
Sanciones por irregularidades
La propuesta contempla sanciones severas para quienes incurran en irregularidades en la obtención o uso de becas. Entre las infracciones “muy graves” figuran la presentación de documentos falsos, manipulación de registros y uso fraudulento de recursos.
Los responsables podrían perder definitivamente el beneficio, devolver la totalidad de los fondos, quedar inhabilitados para postularse a becas por hasta diez años y ser remitidos al Ministerio Público. El régimen también alcanza a funcionarios que incurran en tráfico de influencias o favoritismo, quienes enfrentarían destitución e inhabilitación, además de sanciones previstas en leyes de función pública y contrataciones.
Prioridad para zonas rurales
El proyecto establece que un porcentaje mínimo de las becas anuales sea destinado a estudiantes de zonas rurales, territorios con mayor rezago social y dominicanos en el exterior. El cumplimiento de esta meta deberá publicarse oficialmente antes del 31 de marzo de cada año.
Transparencia y planificación
La iniciativa contempla la creación del Portal Único de Becas (PUBE), plataforma digital donde se concentrarán convocatorias, requisitos y resultados. Además, el Consejo Nacional de Becas (Conabe) deberá publicar cada año un informe detallado sobre adjudicaciones, montos y regiones beneficiadas.
El sistema será financiado mediante asignaciones presupuestarias estatales, aportes privados, donaciones y cooperación internacional, además de un fideicomiso público denominado Fondo Nacional de Becas.
Para vincular la entrega de becas con las necesidades del país, el Conabe elaborará cada cinco años un informe nacional de necesidades laborales y formativas, que servirá como base técnica para priorizar áreas estratégicas de estudio.
Próximo paso: Senado
Tras su aprobación en segunda lectura, el proyecto será remitido al Senado de la República, donde deberá completar el trámite legislativo antes de convertirse en ley.