Steffany Baez
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adjudicó un contrato de cinco años a la empresa penitenciaria GEO Group para operar un nuevo centro de detención de inmigrantes en una antigua prisión de Hudson, Colorado, con capacidad para 1,188 personas, informó este lunes la compañía.
Contrato millonario
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adjudicó a GEO Group la operación del centro, ubicado a unos 48 kilómetros al noreste de Denver. El contrato, con un valor máximo de 528.7 millones de dólares, permitirá reactivar una prisión cerrada en 2014 y convertirla en un complejo similar al que la empresa ya administra en Aurora, al este de Denver, con capacidad para más de 1,500 personas.
La compañía detalló que se encargaría de la seguridad, el mantenimiento y la alimentación de los detenidos, como ya sucede en Aurora. GEO Group informó además que arrendó el inmueble y esperaba obtener unos 85 millones de dólares en ingresos durante el primer año completo de operaciones, sin incluir los servicios de transporte.
Protestas y oposición
Desde principios de año, la posible reapertura de la prisión de Hudson había generado protestas entre residentes, defensores de inmigrantes y legisladores demócratas de Colorado.
Los opositores advirtieron que la ubicación rural del centro dificultaría el acceso de los detenidos a abogados y familiares, debido a la distancia con Denver, la falta de transporte público y la limitada disponibilidad de servicios en la zona.
Los senadores federales demócratas Michael Bennett y John Hickenlooper, junto con la congresista Brittany Pettersen, habían solicitado en febrero al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que abandonara el proyecto, alegando falta de transparencia y problemas previos de supervisión en instalaciones administradas por GEO Group.
Autoridades locales
Sin embargo, las autoridades municipales de Hudson indicaron que el municipio contaba con pocas herramientas legales para impedir que el edificio volviera a utilizarse como centro de detención federal.
Ante la confirmación del contrato, activistas locales convocaron para este miércoles una reunión pública con autoridades del municipio de Hudson para analizar las opciones disponibles frente a la apertura del complejo, cuya fecha aún no había sido anunciada oficialmente.
Contexto nacional
La adjudicación del contrato se produjo en un momento en que la política migratoria del Gobierno de Trump volvía a generar controversia, con un aumento en la capacidad de detención y la expansión de instalaciones administradas por empresas privadas.
Los críticos señalaron que la reapertura de Hudson reforzaba un modelo de privatización del sistema migratorio, mientras que los defensores del proyecto argumentaban que permitiría atender la creciente demanda de espacios para procesar casos de inmigración.
Dary Terrero
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