El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó apertura a juicio contra 10 exfuncionarios y cuatro empresas señalados de integrar una red que distribuyó más de RD$108 millones en sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas, en el caso denominado Operación Lobo.
Acusación
El órgano persecutor informó que el expediente fue depositado ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional y pidió que la acusación sea admitida en su totalidad, junto con las pruebas aportadas, además de fijar la audiencia preliminar.
Imputados
Entre los acusados figuran:
- Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur.
- Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Inaipi.
- Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de Edeeste.
- Andrés Pacheco Varela y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargados de Seguridad de Edenorte.
- Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Senasa.
También fueron acusados Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase); Ramón Quezada Ortiz, Wellington Peralta Santos y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, además de las empresas Servicios Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company, S.A. y Magesty Recycling, S.R.L.
Monto de los sobornos
Según el expediente, la estructura criminal habría distribuido RD$108,080,359.92 en sobornos a funcionarios responsables de supervisar contratos de seguridad privada en instituciones estatales, con el propósito de asegurar la adjudicación, continuidad y ejecución de esos contratos.
Investigación
La investigación fue desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución, a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
De acuerdo con el Ministerio Público, la empresa Senase habría realizado pagos ilícitos entre los períodos 2012-2020 y 2020-2025, mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, para mantener contratos de seguridad en distintas instituciones públicas.
Cargos
Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, por su presunta participación en la estructura desmantelada durante la Operación Lobo, ejecutada en julio de 2025.










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