Steffany Baez
El Senado aprobó este martes las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que reforma la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, una iniciativa que busca fortalecer el manejo de los desechos, actualizar el esquema de contribuciones económicas y fomentar prácticas ambientales más sostenibles.
Entre los principales cambios figura una mayor flexibilidad para el manejo de residuos, permitiendo que los generadores que contraten gestores autorizados puedan entregarlos clasificados en orgánicos e inorgánicos, además de destinarlos directamente a procesos de valorización o aprovechamiento.
La iniciativa sustituye el modelo anterior de contribución especial por una escala basada en los ingresos anuales de las personas jurídicas, con aportes que irán desde RD$5,000 hasta RD$2.2 millones. Estos montos serán ajustados anualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central.
La normativa establece que la contribución será obligatoria para todas las personas jurídicas y entidades públicas y privadas, con excepción de las organizaciones sin fines de lucro.
En el caso de las empresas privadas, el pago se realizará en dos cuotas semestrales a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), mientras que las instituciones públicas recibirán los recursos mediante el Presupuesto General del Estado.
Los fondos recaudados estarán destinados al fortalecimiento de la gestión integral de residuos en municipios y distritos municipales, incluyendo la construcción y operación de estaciones de transferencia, rellenos sanitarios, plantas de valorización y otras infraestructuras contempladas en el fideicomiso creado para esos fines.
La reforma también incorpora un tratamiento especial para empresas con márgenes regulados y comisionistas, además de permitir que la contribución pueda ser deducida de la renta bruta, conforme a lo establecido en el Código Tributario.
Otro de los cambios aprobados prohíbe la importación de pajillas, vasos, cubiertos y otros productos de plástico o foam de un solo uso que no cuenten con certificación de biodegradabilidad.
La disposición promueve el uso de alternativas sostenibles elaboradas con papel reciclado, bagazo de caña, bambú y otros materiales compostables, y entrará en vigor seis meses después de la promulgación de la ley.
Asimismo, la pieza incluye disposiciones transitorias para facilitar la aplicación de los nuevos montos de contribución y permitir que las empresas que aún no hayan realizado los pagos correspondientes puedan hacerlo durante los meses de julio y diciembre de 2026.
Con la aprobación de las modificaciones por parte del Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, paso que definirá su entrada en vigor.
Dary Terrero
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