El Senado de la República aprobó este viernes, en segunda discusión y con el voto favorable de 23 senadores, el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, una iniciativa que forma parte del proceso de transformación institucional impulsado por el Gobierno.
Tras su aprobación en la Cámara Alta, el proyecto será enviado a la Cámara de Diputados, donde deberá completar el procedimiento legislativo antes de ser remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.
Requisitos más estrictos para la alta dirección
La propuesta endurece las condiciones para ocupar los principales cargos de la institución policial.
De ser aprobada de manera definitiva, el director general de la Policía Nacional, los subdirectores generales, el inspector general y el director de Asuntos Internos deberán ser generales activos, contar con título de maestría y demostrar las competencias profesionales requeridas para el desempeño de esas funciones.
Régimen disciplinario más severo
El proyecto también fortalece el sistema disciplinario al separar las funciones de investigación y decisión de las faltas, con el propósito de garantizar mayor imparcialidad y transparencia en los procesos internos.
Asimismo, amplía el catálogo de faltas muy graves para incluir conductas como:
- Actos de corrupción.
- Abuso de autoridad.
- Tortura.
- Discriminación.
- Acoso sexual y laboral.
- Manipulación de pruebas.
- Vínculos con el narcotráfico.
- Uso indebido de bienes públicos y tecnologías institucionales.
- Maltrato animal.
- Participación en actividades políticas mientras se esté en servicio.
Nuevas sanciones
La iniciativa establece que las faltas muy graves de primer grado serán sancionadas con la destitución del agente.
En tanto, las faltas muy graves de segundo grado conllevarán suspensión sin disfrute de sueldo entre 61 y 120 días, mientras que para las faltas graves y leves se contemplan descuentos salariales y otras medidas disciplinarias, de acuerdo con la gravedad de la infracción.
Mayor garantía del debido proceso
El proyecto incorpora disposiciones para reforzar las garantías del debido proceso disciplinario, regulando aspectos como las notificaciones, los recursos de apelación, los plazos procesales, las audiencias, la suspensión provisional y el derecho de defensa de los miembros de la institución.
Con estas modificaciones, la reforma busca fortalecer la profesionalización de la Policía Nacional, robustecer los mecanismos de supervisión y control interno, y establecer un régimen disciplinario más riguroso frente a actos de corrupción y otras conductas contrarias al servicio policial.










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