La modificación a la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos volvió a generar debate en el Congreso Nacional, tras la aprobación de una reforma en el Senado que ahora pasará a la Cámara de Diputados para su análisis.
La iniciativa fue aprobada en dos lecturas consecutivas bajo el procedimiento de urgencia, lo que ha provocado cuestionamientos de sectores empresariales y legislativos que consideran que se trata de una reforma de alto impacto económico y ambiental que requería mayor discusión.
Cambios en las contribuciones empresariales
Uno de los principales puntos de la reforma es la reestructuración del esquema de aportes que deben realizar las empresas para financiar el sistema nacional de gestión de residuos sólidos, estableciendo montos escalonados según el nivel de ingresos.
El proyecto eleva de RD$675,000 a RD$3 millones el aporte anual para las empresas de mayores ingresos, eliminando el tope único que aplicaba previamente para compañías con facturación superior a RD$100 millones.
Nuevos niveles de pago
Con la modificación, las empresas con ingresos superiores a RD$2,000 millones deberán aportar RD$3 millones, mientras que aquellas entre RD$1,000 y RD$2,000 millones pagarán RD$1.7 millones.
Los tramos intermedios también fueron ajustados, con aportes que van desde RD$700,000 hasta RD$400,000, dependiendo del nivel de facturación. En algunos casos de empresas medianas y pequeñas, los montos se reducen en comparación con el esquema anterior.
Además, las compañías con ingresos de hasta RD$5 millones deberán pagar una contribución de RD$3,500.
La reforma amplía de seis a doce los niveles de contribución y elimina el pago para las organizaciones sin fines de lucro. Los recursos serán canalizados al fideicomiso establecido en la Ley 225-20, destinado a financiar infraestructuras de manejo de residuos como rellenos sanitarios y plantas de valorización.
Reacciones y debate
La propuesta ha generado posiciones encontradas. Sectores empresariales consideran que los aumentos son excesivos, mientras legisladores de distintas bancadas defienden la necesidad de una mayor contribución de quienes generan más residuos.
El proyecto deberá ahora ser conocido por la Cámara de Diputados, donde se anticipa un nuevo debate sobre su impacto económico, ambiental y el proceso de aprobación legislativa.










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