El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, solicitó que se realice una investigación sobre las condiciones de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios del país, con el propósito de determinar si se están respetando plenamente sus derechos fundamentales.
Romero manifestó su preocupación ante las denuncias y situaciones que pudieran estar afectando la dignidad y las garantías de los internos, por lo que consideró necesario que las autoridades competentes realicen una evaluación objetiva y exhaustiva de las condiciones de los centros de reclusión.
Marco legal
El legislador recordó que el artículo 120 del nuevo Código Penal establece que “la persona depositaria de la autoridad o encargada de un servicio público que cometa tortura o actos de barbarie será sancionada con veinte a treinta años de prisión mayor y multa de treinta a cuarenta salarios mínimos del sector público”. En ese sentido, advirtió que la privación de libertad debe cumplirse dentro del marco de la ley y respetando la dignidad humana.
Alcance de la investigación
De acuerdo con un comunicado, Romero planteó que la investigación debe abarcar tanto las condiciones físicas de los centros penitenciarios como los protocolos aplicados por el personal encargado de la custodia de los internos, así como los mecanismos existentes para recibir, investigar y dar respuesta a las denuncias.
Asimismo, consideró importante que los resultados de cualquier investigación sean conocidos de manera transparente y que, de comprobarse irregularidades, se establezcan las responsabilidades correspondientes y se adopten las medidas necesarias para evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir.
Llamado a las autoridades
Romero reiteró su llamado a las autoridades responsables del sistema penitenciario a fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar que el sistema de privación de libertad opere bajo principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y dignidad de las personas.
El planteamiento del senador se suma a las discusiones nacionales sobre la necesidad de reformas penitenciarias y de una mayor vigilancia en el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en un contexto marcado por denuncias de hacinamiento, deficiencias en la atención médica y cuestionamientos sobre el trato a los internos.