Dary Terrero
La comunidad educativa y residentes del entorno del Instituto Politécnico Loyola, en San Cristóbal, viven bajo tensión debido a una creciente ola de atracos que ha convertido la zona en un punto crítico para la seguridad ciudadana, mientras la Policía Nacional guarda un silencio total sobre la situación.
Vecinos y estudiantes denuncian que los robos ocurren a plena luz del día y en horarios de alta circulación, especialmente en las calles aledañas a la institución.
Motociclistas armados han sido vistos frecuentemente perpetrando asaltos sin que se registre una respuesta efectiva de las autoridades policiales.
Inseguridad a pasos del recinto educativo
Padres, profesores y comunitarios expresan su preocupación por el incremento de los hechos delictivos, que incluyen despojos de celulares, mochilas, carteras y otras pertenencias.
La situación ha generado temor entre los estudiantes, muchos de los cuales deben desplazarse caminando hacia paradas de transporte público, expuestos a los delincuentes.
“Aquí los atracadores hacen su agosto. No hay patrullaje, no hay vigilancia. Y nadie de la Policía ha dicho nada.
Uno se siente desprotegido”, comentó una residente del sector, quien prefirió mantenerse en el anonimato por seguridad.
Ausencia de respuesta institucional
Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido ningún comunicado ni ha tomado medidas públicas visibles para enfrentar los hechos.
La falta de patrullajes constantes, iluminación en zonas oscuras y puntos de vigilancia han sido señalados por la comunidad como factores que agravan la situación.
Organizaciones vecinales han solicitado reuniones urgentes con el comandante local de la Policía en San Cristóbal, sin obtener respuestas concretas ni acciones preventivas.
Además, han elevado su queja al Ministerio de Interior y Policía, esperando que se tomen correctivos inmediatos antes de que ocurra una tragedia mayor.
Clamor por seguridad en un centro emblemático
El Instituto Politécnico Loyola es una de las instituciones educativas más reconocidas de la región Sur, con una matrícula significativa de jóvenes provenientes de distintos municipios.
El entorno debería contar con un plan de seguridad escolar, pero actualmente presenta condiciones vulnerables que facilitan la actuación delictiva.
La población exige que se intervenga la zona con operativos focalizados, mayor presencia policial y acciones conjuntas entre autoridades civiles, municipales y educativas, para restablecer el orden y garantizar la tranquilidad de estudiantes y familias.
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Dary Terrero
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