El socio de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), Hanly Darico Terrero Ramírez, interpuso una demanda en rendición de cuentas, exhibición de documentos y designación de secuestrario judicial ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
La acción judicial busca que la cooperativa presente cuentas completas, documentadas y verificables sobre su gestión administrativa, financiera, patrimonial y societaria correspondiente al período 2023-2026, además de poner a disposición de los asociados libros contables, estados financieros, contratos, nóminas, informes de auditoría y otros documentos institucionales.
Terrero Ramírez sostiene que, pese a diversas solicitudes realizadas durante los años 2025 y 2026, la entidad ha mantenido restricciones para acceder a información que considera fundamental para ejercer labores de fiscalización como socio de la cooperativa.
La demanda también solicita la designación de un secuestrario judicial independiente, seleccionado de una terna propuesta por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), con el objetivo de custodiar, preservar y verificar la integridad de los documentos societarios y contables de la institución.
Asimismo, el demandante pide la realización de una auditoría forense judicial independiente sobre contratos, gastos de publicidad, nómina institucional, viáticos, gastos de representación, contrataciones de suplidores y ejecución presupuestaria correspondientes a los años 2023-2026.
Según el expediente, estas medidas persiguen fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de COOPNAMA, así como proteger el patrimonio colectivo de más de 200 mil asociados.
La acción judicial se fundamenta en disposiciones de la Constitución dominicana, la Ley 127-64 sobre Asociaciones Cooperativas, el Código Civil Dominicano y precedentes jurisprudenciales relacionados con el derecho de acceso a la información y la obligación de rendir cuentas.
El caso queda ahora en manos de la jurisdicción competente, que deberá decidir sobre la procedencia de las medidas solicitadas y el alcance de la rendición de cuentas requerida a COOPNAMA.










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