Dary Terrero
El Ministerio Público presentó este martes nuevos elementos que fortalecen la acusación contra los imputados del caso Coral, al demostrar el uso sistemático de prestanombres para esconder propiedades millonarias adquiridas con fondos públicos.
La audiencia, celebrada ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, expuso cómo los acusados, incluyendo militares de alto rango, compraban bienes inmuebles y vehículos en efectivo y los registraban a nombre de terceros para ocultar su verdadero origen y propietario.
Declaración de la esposa de un imputado
Uno de los momentos más relevantes de la jornada fue la declaración de Marioly Pérez Adames, esposa del teniente coronel Kelman Santana Martínez, también imputado.
Pérez reveló que su nombre fue usado sin consentimiento para registrar un apartamento en el condominio Torre Elsa, en Gascue.
Afirmó que nunca ha visitado ese apartamento ni conoce su ubicación, y explicó que tanto ella como su esposo entregaron el inmueble al Ministerio Público de manera voluntaria en 2022, para fines de decomiso.
La investigación confirmó que el verdadero comprador fue el general de brigada Julio Camilo de los Santos Viola, quien también adquirió otras unidades en el mismo edificio a través de prestanombres como Manuel Alba Solano y Elida María Trinidad Santiago.
Patrón de encubrimiento
La audiencia también incluyó los testimonios de Yessenia Artemis Cepín Peña y Jorge David Ulloa Ramos. Ambos confirmaron el patrón de encubrimiento de bienes, detallando cómo una camioneta todoterreno fue registrada a nombre de Cepín Peña con la intención de ser traspasada luego a Alba Solano. Aunque ese traspaso no se concretó, el vehículo fue usado por los implicados.
Los fiscales explicaron que estos actos no fueron aislados, sino parte de un esquema orquestado de ocultamiento patrimonial mediante identidades interpuestas.
Bienes millonarios y pruebas periciales
Durante esta jornada también se incorporaron al juicio 24 tasaciones que determinan el valor real de los bienes adquiridos.
Muchas de estas propiedades corresponden al coronel Rafael Núñez de Aza y al mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, con valores que superan los 50 millones de pesos cada una.
La acusación sostiene que estos bienes fueron adquiridos con recursos desviados de instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y otras dependencias militares, mediante mecanismos de simulación contable y operaciones en efectivo.
Más pruebas en camino
Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, integrantes del tribunal que conoce el caso, pautaron la continuación del juicio para el jueves 24 de julio.
Ese día se espera la presentación de nuevos elementos por parte del Ministerio Público, que hasta la fecha ha introducido 262 testigos y peritos, 755 pruebas documentales, 23 evidencias materiales y 88 informes técnicos.
El caso Coral, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país, involucra a oficiales de alto rango acusados de desfalcar al Estado mediante una red de apropiación de fondos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
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Dary Terrero
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