El Gobierno de Estados Unidos informó este martes que avanza con el proyecto de construcción de 100 kilómetros de muro fronterizo en Arizona, pese a las protestas de la Nación Tohono O’odham, que se opone a la obra por atravesar una zona considerada sagrada.
El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, explicó que el proyecto, conocido como “Tucson 5”, se ha vuelto a poner en marcha y busca cerrar “uno de los corredores de contrabando y tráfico más peligrosos de la frontera suroeste”, una zona desértica remota utilizada durante décadas para el trasiego de drogas, el cruce irregular de migrantes y las operaciones de carteles.
Fallo judicial y oposición indígena
El anuncio se produjo después de que un juez federal en California denegara la solicitud de la Nación Tohono O’odham para bloquear temporalmente la construcción del muro a lo largo de su reserva en el sur de Arizona. El tribunal dictaminó que la tribu no demostró que la obra reduciría ilegalmente su territorio o constituiría una invasión federal, como argumentaban en la demanda presentada en junio.
La decisión judicial generó rechazo entre líderes indígenas y legisladores demócratas. La congresista Adelita S. Grijalva, junto a otros tres representantes, instó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Departamento del Interior (DOI) a suspender de inmediato la construcción hasta que se realice una consulta significativa con la Nación Tohono O’odham.
“Nos preocupa enormemente que el gobierno federal no haya llevado a cabo una consulta significativa con las naciones tribales sobre proyectos que podrían afectar sitios sagrados, recursos culturales y territorios ancestrales”, señalaron los legisladores en su petición.
Debate sobre seguridad y gasto público
La carta también planteó inquietudes sobre el uso de fondos de los contribuyentes en barreras fronterizas secundarias, e instó al DHS a adoptar enfoques más eficaces y rentables para la seguridad, como la modernización y fortalecimiento de los puertos de entrada.
Mientras tanto, el Gobierno federal insiste en que el proyecto Tucson 5 es clave para frenar el tráfico ilícito y reforzar el control fronterizo en un corredor considerado de alto riesgo.