El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó este lunes las solicitudes de extinción de la acción penal por vencimiento de plazo presentadas por 13 imputados del caso Medusa, seguido contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros procesados por presunta corrupción administrativa.
Entre los acusados que solicitaron la extinción figuran Altagracia Guillén Calzado, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Miguel José Moya, Rafael Antonio Merhems Sena, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos Acosta y Félix Antonio Rosario Labrada, entre otros.
Argumentos del tribunal
Las juezas Claribel Nivar Arias (presidenta), Yissel Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo Jiménez establecieron que, aunque el plazo legal del proceso se encuentra vencido, su cómputo no puede hacerse de manera meramente matemática, sino atendiendo a las incidencias y características particulares del expediente.
Durante la lectura de la decisión, el tribunal enfatizó que no se ha verificado negligencia por parte del órgano judicial y consideró que el tiempo utilizado resulta razonable debido al volumen y complejidad del proceso.
La magistrada Castillo Jiménez afirmó que el tribunal ha realizado un “largo esfuerzo” para lograr que el juicio pueda iniciarse y rechazó que haya existido abandono judicial:
“Este caso durará el plazo que sea necesario a los fines de dar una respuesta, pero una respuesta basada en el cumplimiento fiel del debido proceso y en una garantía del derecho de todas las partes”.
Marco legal
El artículo 148 del Código Procesal Penal establece que la duración máxima de un proceso penal ordinario es de cuatro años, contados a partir de los primeros actos del procedimiento. Sin embargo, la norma contempla incidencias y suspensiones que pueden extender ese plazo.
La defensa de los imputados sustentó sus solicitudes en el artículo 69, numeral 2, de la Constitución, que reconoce como garantía del debido proceso el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.
Próximos pasos
El tribunal se reservó las costas del proceso para que sigan la suerte de lo principal y dispuso que la resolución sea entregada a las partes vía Secretaría en un plazo de 15 días laborables.
Este hecho conecta con el caso Medusa, la aplicación del Código Procesal Penal y el debate sobre el plazo razonable en procesos judiciales en República Dominicana.
