Steffany Baez
Una coalición de 23 fiscales generales y dos gobernadores presentó este lunes una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump, con el objetivo de bloquear su más reciente intento de acceder a información personal de niños y familias que reciben ayudas públicas y compartirla con agencias federales, incluidas las migratorias.
La acción legal, encabezada por los fiscales Rob Bonta (California), Letitia James (Nueva York) y Brian Schwalb (Distrito de Columbia), busca impedir la implementación de un sistema de registros conocido como SORN (System of Records Notice), que se aplicaría en las solicitudes del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
Riesgos de privacidad y vigilancia
Según la demanda, la puesta en marcha del SORN permitiría el intercambio masivo de la información más confidencial de los beneficiarios del TANF con cualquier entidad federal, estatal o privada, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de aplicar las leyes migratorias.
Los demandantes advierten que esta medida ampliaría “drásticamente” el papel del gobierno federal en la supervisión del TANF, un programa que otorga más de 16,000 millones de dólares anuales en subvenciones a los estados y constituye una de las mayores fuentes de asistencia económica directa para familias de bajos ingresos.
“El Gobierno está explotando un programa diseñado para garantizar que los niños no pasen hambre y para ayudar a las familias necesitadas a recuperarse, con el fin de alimentar sus esfuerzos de vigilancia masiva. Es cruel, innecesario e ilegal”, declaró Bonta en un comunicado.
Argumentos legales y respaldo político
La demanda solicita a un tribunal federal anular la implementación del SORN bajo el argumento de que viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), la Ley de Cruce de Datos Informáticos (Computer Matching Act) y la Cláusula de Gasto de la Constitución.
Además de los fiscales de California, Nueva York y el Distrito de Columbia, se sumaron representantes de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, junto con los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
Los demandantes sostienen que la medida no solo vulnera la privacidad de millones de familias, sino que también altera el equilibrio del sistema federal al otorgar al Ejecutivo un poder excesivo sobre programas estatales de asistencia social.
La querella se convierte en uno de los mayores desafíos legales contra la Administración Trump en materia de políticas sociales y migratorias, reflejando la tensión entre los estados y el Gobierno federal sobre el manejo de datos sensibles de beneficiarios de programas públicos.
Dary Terrero
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