El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ratificó la suspensión del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de las razones sociales Inversiones Qtek, S.R.L. y Mediterráneo Investments Group, S.R.L., medida impuesta por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) mediante la Resolución núm. DGCP44-2025-004600.
La sentencia núm. 0030-01-2026-SSMC-00002, dictada el 16 de enero de 2026, rechazó la solicitud de medida cautelar anticipada interpuesta por ambas compañías y confirmó la validez de la suspensión preventiva, fundamentada en una investigación penal abierta por el Ministerio Público.
Fundamentos legales
El magistrado Diomede Y. Villalona G., presidente del TSA, estableció que la DGCP actuó en el estricto ejercicio de sus facultades legales como órgano rector de las compras públicas. La decisión se sustentó en los artículos 14 de la Ley 340-06 y 19 del reglamento (Decreto 416-23), amparando la necesidad de proteger la integridad del sistema de contrataciones.
El tribunal concluyó que las empresas no demostraron la “apariencia de buen derecho” necesaria para suspender el acto administrativo y desestimó los alegatos sobre un supuesto “peligro en la demora”, aclarando que la restricción no implica consecuencias económicas irreparables en esta fase procesal.
Alcance de la suspensión
El fallo precisó que la suspensión del RPE constituye una inhabilitación temporal para adjudicaciones futuras, pero no afecta la ejecución ni el pago de contratos previamente adjudicados. Las instituciones contratantes deben honrar los compromisos de obras o servicios ya entregados, permitiendo a las empresas mantener el flujo de sus operaciones preexistentes.
Este caso conecta con la suspensión de proveedores del Estado, el rol de la DGCP en contrataciones públicas y las investigaciones del Ministerio Público vinculadas a sociedades comerciales.