Dary Terrero
El presidente Luis Abinader destacó este lunes el papel clave de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República en la lucha contra la corrupción administrativa, revelando que ha procesado más de 600 casos en estrecha colaboración con el Ministerio Público, la Dirección General de Contrataciones Públicas y otros órganos de control.
Durante su encuentro semanal con la prensa, Abinader explicó que esta unidad ha sido fortalecida mediante el decreto 382-25, que formaliza su estructura técnica y garantiza su continuidad más allá de la actual gestión gubernamental.
Casos en coordinación con el Ministerio Público
El mandatario detalló que la Unidad Antifraude ha conocido 368 casos en colaboración directa con la Procuraduría General de la República, como parte de un esfuerzo por traducir los informes de auditoría en acciones judiciales.
Además, se han desarrollado 31 intervenciones preventivas, 20 análisis financieros forenses y 72 investigaciones de denuncias formales, las cuales contaban con indicios y evidencias sólidas.
Abinader subrayó que muchas de estas investigaciones comenzaron a raíz de rumores o informaciones no confirmadas, pero que, una vez analizadas, fueron remitidas a las autoridades competentes con respaldo probatorio suficiente.
Consolidación del mecanismo preventivo
Con el nuevo decreto 382-25, firmado recientemente por el presidente, se establece de forma permanente la Unidad Antifraude como un mecanismo técnico dentro de la Contraloría, con el fin de blindar sus funciones y asegurar que continúe operando con eficacia en futuras administraciones.
“Este no es un simple departamento. Es una estructura sólida para cerrar espacios a la impunidad, sin importar quién esté en el gobierno”, aseguró Abinader.
Según el mandatario, esta unidad también permite que los informes técnicos no se queden en papel, sino que se conviertan en procesos judiciales cuando así lo amerita el caso.
Coordinación institucional para combatir la corrupción
Luis Abinader resaltó que el éxito de estas acciones se debe a una sinergia efectiva entre el Ministerio Público, la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Contraloría, lo que ha permitido dar respuestas concretas a cientos de investigaciones.
Aseguró que la política anticorrupción del gobierno no se basa en declaraciones, sino en resultados verificables: “Los informes se investigan, se documentan, se remiten y se traducen en justicia”.
También recordó que en esta administración se han judicializado casos de corrupción correspondientes a gestiones anteriores y actuales, lo que demuestra, según dijo, un compromiso genuino con la rendición de cuentas.
Continuidad más allá del presente
El decreto 382-25 no solo refuerza la capacidad operativa de la Unidad Antifraude, sino que le otorga permanencia institucional como estructura clave de prevención e investigación de ilícitos administrativos.
“Con esto, garantizamos que esta lucha no dependa de una voluntad política pasajera, sino de un sistema que funcione de manera constante y eficaz”, concluyó el jefe del Estado.
Dary Terrero
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