La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, rechazó este martes las versiones que aseguran que el Ministerio Público no ha profundizado en las investigaciones del fraude millonario en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y afirmó que el órgano persecutor trabaja activamente en un nuevo expediente vinculado al mismo caso.
Reynoso recordó que fue ella misma quien anunció la Operación Cobra 2.0, pocos días después de que los primeros 10 imputados fueran sometidos a la justicia y se les dictaran medidas de coerción.
“El Ministerio Público lo anunció y lo reitera. Decir lo contrario, evidentemente, que los que lo están diciendo y afirmando le recomiendo que cambien sus fuentes porque son muy malas”, expresó la procuradora general.
La magistrada ofreció estas declaraciones durante la inauguración del nuevo local de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, ubicado en el sector Naco, en el Distrito Nacional.
Lucha “sin descanso” contra el crimen organizado
Durante el acto, Reynoso destacó la “coordinación sin precedentes” entre las distintas agencias del Estado en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, delitos que calificó como “los más viles”, al convertir a los seres humanos en mercancía.
Aseguró que el Ministerio Público mantiene una persecución constante y sin descanso contra estas estructuras criminales y señaló que, de unas 34 operaciones realizadas contra el crimen organizado, una parte significativa ha estado vinculada a este tipo de delitos.
Indicó además que la trata de personas ha evolucionado en los últimos años, manifestándose cada vez más a través de plataformas digitales e internet, lo que la vincula directamente con el ciberdelito.
Como ejemplo, citó la Operación Cattleya, en la que las víctimas eran principalmente venezolanas y colombianas, y en la que ya se han obtenido condenas de hasta 20 años de prisión.
Autoridades presentes
A la inauguración asistieron la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el comandante del Ejército, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director general de la Policía Nacional, Antonio Guzmán Peralta; el director de Migración, Luis Rafael Ballester, así como otros funcionarios y representantes del Ministerio Público.