SANTO DOMINGO. – La Procuraduría General de la República y la Superintendencia de Seguros firmaron un memorando de entendimiento que busca fortalecer el control institucional sobre las fianzas judiciales en el país, garantizando mayor transparencia, seguimiento y protección del interés ciudadano.
El acuerdo fue rubricado por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y el superintendente de Seguros, Julio César Valentín Jiminián, quienes coincidieron en que esta alianza institucional representa un paso trascendental para mejorar la administración de justicia en la República Dominicana.
Transparencia y control sobre aseguradoras
El memorando establece que la Superintendencia de Seguros se compromete a remitir de forma oportuna a la Procuraduría la lista actualizada de compañías autorizadas a emitir fianzas judiciales, así como a notificar cualquier cambio provisional o permanente que altere dicha información.
Este mecanismo busca evitar fraudes, irregularidades o evasiones en procesos penales y civiles que involucren medidas de coerción con respaldo económico.
Además, la Superintendencia se obliga a suministrar al Ministerio Público información relevante sobre operaciones de aseguradoras, en el marco de sus competencias legales y bajo las normas de confidencialidad y cumplimiento normativo correspondientes.
Justicia más efectiva al servicio de la ciudadanía
Yeni Berenice Reynoso valoró el acuerdo como una herramienta clave para dotar al sistema de justicia de mayor eficacia y transparencia, especialmente en los procesos que requieren vigilancia sobre el cumplimiento de fianzas.
“Se trata de proteger no solo la integridad de los procesos judiciales, sino también los derechos de las víctimas y la confianza del pueblo en el sistema”, afirmó la procuradora.
Por su parte, Julio César Valentín Jiminián destacó que esta cooperación interinstitucional marca un antes y un después en el manejo responsable de las fianzas judiciales, y reafirma el rol de la Superintendencia como garante de la legalidad en el sector asegurador.
Ambas instituciones aseguraron que continuarán trabajando en conjunto para desarrollar protocolos y sistemas de alerta temprana que permitan detectar posibles anomalías y responder con agilidad ante casos que comprometan la seguridad jurídica del país.
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