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470 muertes en cárceles bajo régimen de excepción

Amnistía denunció crímenes de lesa humanidad en El Salvador

Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles que cientos de personas han muerto en prisión y más de 90,000 fueron detenidas arbitrariamente bajo el régimen de excepción que sustenta la guerra antipandillas en El Salvador, lo que constituiría “crímenes de lesa humanidad”.

Informe “Seguridad sin derechos”

Según el reporte, hasta diciembre pasado se documentaron al menos 470 muertes en centros de detención, muchas de ellas con “lesiones incompatibles con las causas oficiales de muerte o indicios de violencia física y negligencia médica”. La mayoría de los fallecidos no habían sido condenados y dependían por completo del Estado.

Ninguna de estas muertes ha dado lugar a una investigación efectiva”, afirmó Ana Piquer, directora regional de AI, al presentar el informe en línea.

Testimonios de familias

El documento recoge testimonios de madres que recorrieron cárceles sin saber dónde estaban sus hijos, personas detenidas sin conocer las razones y familias que recibieron cuerpos sin vida sin explicaciones convincentes.

Detenciones y desapariciones

AI subrayó que las detenciones masivas, las denuncias sistemáticas de tortura, las desapariciones forzadas y las muertes bajo custodia estatal “no pueden entenderse como incidentes aislados, sino como parte de un patrón de abusos que, por su escala y organización, podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.

Contexto político

El presidente Nayib Bukele, quien busca un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero de 2027, gobierna con amplios poderes bajo un estado de excepción instaurado en 2022, que permite detenciones sin orden judicial.

La estrategia antipandillas redujo la violencia a mínimos históricos y consolidó la popularidad de Bukele en Latinoamérica, pero también derivó en la concentración de poderes y en la instauración de la reelección indefinida en 2025.

Críticas internacionales

La denuncia de AI se suma a la de un grupo de juristas internacionales que en marzo acusó al gobierno salvadoreño de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas y desapariciones forzadas.

Steffany Baez

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