A pocas semanas de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, médicos y expertos en derecho han expresado preocupación por varias disposiciones que podrían afectar el ejercicio de la medicina, mientras legisladores que respaldaron la normativa aseguran que están dispuestos a impulsar modificaciones si alguna de sus disposiciones es declarada inconstitucional.
El debate se ha intensificado luego de que representantes de los sectores médico y jurídico advirtieran sobre la inclusión de nuevas figuras penales con implicaciones directas para los profesionales de la salud.
El abogado Amadeo Peralta explicó que la nueva legislación contiene alrededor de 18 artículos relacionados con la práctica médica, varios de los cuales endurecen sanciones o crean nuevos tipos penales. Entre ellos figuran el aborto en sus distintas modalidades, la emisión de certificados médicos falsos, la inducción o asistencia al suicidio, la mala práctica médica que provoque lesiones o muerte por imprudencia grave, la divulgación de información confidencial de pacientes y la realización de experimentos biomédicos sin consentimiento.
Además, el Código incorpora un capítulo sobre estudios genéticos y reproducción asistida, que sanciona la manipulación genética con fines no autorizados, la fecundación de óvulos o embriones para propósitos distintos a la procreación y la reproducción asistida realizada sin el consentimiento correspondiente.
Peralta consideró que la profesión médica no está amenazada por la nueva legislación, aunque enfatizó la necesidad de que los galenos conozcan a profundidad las nuevas disposiciones para evitar situaciones legales.
“La profesión médica no está en peligro con este Código, pero los médicos deben estudiarlo y conocerlo”, afirmó.
Por su parte, el juez de la Corte de Apelación de Santo Domingo, Alexis Gómez, advirtió que el temor a enfrentar procesos penales por presuntas negligencias o errores médicos podría provocar un aumento en los costos de los servicios de salud, debido a que muchos profesionales optarían por reforzar medidas preventivas y mecanismos de protección jurídica.
Asimismo, sostuvo que los errores médicos no intencionales deberían ser ventilados principalmente en la jurisdicción civil mediante demandas de indemnización y no a través de procesos penales.
Entre los artículos que generan mayor inquietud en el sector médico mencionó los numerales 8, 12, 112 y 354, relacionados con responsabilidades por omisión, el deber de garantía del médico y la posible responsabilidad de clínicas y hospitales por actos de imprudencia o negligencia cometidos por profesionales de la salud.
Las preocupaciones han llevado al Colegio Médico Dominicano (CMD) a anunciar acciones ante el Tribunal Constitucional para impugnar varios artículos que considera perjudiciales para el ejercicio de la medicina.
Ante estas observaciones, legisladores defendieron el contenido de la normativa, aunque reconocieron que cualquier disposición que resulte incompatible con la Constitución puede ser modificada.
El senador de la Fuerza del Pueblo, Edward Espiritusanto, aseguró que desde el proceso de discusión legislativa se contempló la posibilidad de realizar ajustes futuros si fuera necesario.
“Cualquier irregularidad o inconstitucionalidad puede corregirse más adelante. El Colegio Médico y los abogados tienen pleno derecho de acudir al Tribunal Constitucional y, si se determina que algún artículo es contrario a la Constitución, estamos dispuestos a hacer las correcciones correspondientes”, expresó el legislador.










Agregar comentario