Dary Terrero
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso este lunes medidas de coerción contra Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, acusado de incurrir en delitos cibernéticos en perjuicio de la señora Milagros Marina De Camps Germán.
El juez Deiby Timoteo Peguero ordenó una garantía económica de tres millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica, acogiendo parcialmente la solicitud del Ministerio Público.
Lo acusan de difamar mediante redes sociales
La acusación señala que Martínez habría cometido actos de difamación e injuria a través de sus redes sociales, afectando directamente la vida personal, laboral y profesional de la víctima.
Según la Fiscalía, las publicaciones fueron realizadas en diversas fechas y contenían afirmaciones que dañaban el honor y la reputación de De Camps Germán.
La investigación fue conducida por el Departamento de Propiedad Intelectual y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que presentó un conjunto de pruebas ante el tribunal.
Fiscalía pedía medidas más estrictas
El Ministerio Público había solicitado una garantía económica de diez millones de pesos, además de la presentación periódica y el impedimento de salida, con base en el artículo 226 del Código Procesal Penal.
Los fiscales argumentaron que los hechos eran graves y que existía riesgo de reiteración.
Sin embargo, el tribunal decidió imponer una fianza más baja y mantuvo las restricciones de salida y la obligación de presentarse regularmente ante las autoridades judiciales.
Ministerio Público seguirá profundizando el caso
La instancia fue sometida por el director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional, Kelvyn Colón, junto a la procuradora fiscal Marineldy Peña, quien coordina el Departamento de Alta Tecnología, y el fiscalizador Rafael Reyes.
El equipo ha reiterado que continuará con las indagatorias para determinar si existen otros hechos relacionados.
La Fiscalía explicó que la conducta atribuida al imputado podría encuadrarse dentro de las disposiciones de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que penaliza la utilización de medios digitales para atentar contra la integridad moral de terceros.
Justicia refuerza límites al uso irresponsable de internet
El caso reabre el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el uso abusivo de plataformas digitales.
Las autoridades han insistido en que el derecho a opinar no puede servir de escudo para atacar la dignidad de otras personas, menos aún cuando se hace de forma reiterada y con intención de daño.
Este proceso se enmarca dentro del esfuerzo del sistema judicial dominicano por sancionar el uso de redes sociales para propósitos difamatorios, una práctica cada vez más frecuente que genera consecuencias jurídicas.
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Dary Terrero
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