El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijó para el próximo 5 de octubre el inicio de la audiencia preliminar contra el exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un presunto soborno de 10,000 dólares vinculado al caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa). La audiencia estará a cargo del juez Raymundo Mejía, quien deberá conocer esta fase del proceso penal en la que se examinan los elementos presentados por la acusación para determinar si existen fundamentos suficientes para enviar el caso a juicio de fondo.
Valdez Alcántara será procesado ante la jurisdicción ordinaria, luego de renunciar a su condición de miembro del Ministerio Público y perder el privilegio que le correspondía por razón de su cargo. Su abogado, Valentín Medrano, explicó que al dejar de ser fiscal, el expediente pasó automáticamente a ser conocido por un tribunal ordinario, lo que cambia el curso del proceso y las reglas aplicables.
En esta etapa preliminar, las partes pueden plantear cuestiones procesales y presentar sus medios de defensa conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal. El Ministerio Público sostiene que el exfiscal habría utilizado su posición para influir en las investigaciones relacionadas con el caso Senasa, aprovechando su rol dentro del sistema de justicia para obtener beneficios indebidos.
Acusación y fundamentos legales
Contra Valdez Alcántara pesa una acusación por “conclusión”, con referencia a los artículos 33, 174, 177 y 178 del Código Penal, que tipifican delitos vinculados al soborno y la corrupción administrativa. Además, se le imputan infracciones previstas en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, específicamente en los artículos 2, numeral 11, literales K, N y O; 3, 4 y 9, numerales 1, 15 y 16.
La acusación señala que el exfiscal habría recibido dinero de un testigo vinculado al expediente de corrupción, lo que constituye un acto de soborno y abuso de poder. El Ministerio Público busca demostrar que existió una negociación irregular y que el imputado incurrió en conductas que afectan la transparencia del sistema judicial.
Cambio de jurisdicción y defensa
La renuncia de Valdez Alcántara al Ministerio Público fue interpretada por su defensa como un paso necesario para que el caso se conociera bajo reglas ordinarias. Medrano sostuvo que el privilegio de jurisdicción, aunque es un derecho de los fiscales en funciones, no debía convertirse en un obstáculo para garantizar un proceso justo. Con la renuncia, el expediente pasó al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que ahora tiene la responsabilidad de evaluar si la acusación cuenta con pruebas suficientes para avanzar hacia un juicio de fondo.
La defensa ha cuestionado algunos aspectos de la investigación, alegando que se produjeron irregularidades en el procedimiento y que no se respetaron las garantías procesales aplicables a funcionarios con jurisdicción privilegiada. Sin embargo, el Ministerio Público insiste en que las pruebas son contundentes y que el caso debe ser enviado a juicio.
Expectativas de la audiencia
El próximo 5 de octubre será clave para definir el futuro del proceso. En la audiencia preliminar, el juez Mejía deberá escuchar los argumentos de ambas partes, valorar las pruebas presentadas y decidir si existen méritos suficientes para que el caso continúe en la etapa de juicio de fondo.
La acusación contra Aurelio Valdez Alcántara se enmarca en los esfuerzos del Ministerio Público por perseguir la corrupción administrativa y garantizar que los funcionarios que incurran en actos ilícitos enfrenten consecuencias legales. El desenlace de esta audiencia será determinante para establecer si el exfiscal enfrentará un juicio completo por los cargos de soborno y lavado de activos.