Dary Terrero
El Ministerio Público concluyó la presentación de su acusación en el juicio seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez y sus compartes, señalando que se trata de un caso “sobreprobado” con más de 1,700 evidencias documentales, 98 testimonios y 84 pruebas materiales.
La lectura de la sentencia fue fijada por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para el próximo miércoles 13 de agosto a las 11:00 a. m.
Esquema corrupto movió más de 5,000 millones
Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Medina lideró un entramado corrupto que distrajo del erario más de cinco mil millones de pesos a través de contratos amañados, tráfico de influencias y uso de testaferros.
Durante el juicio, la fiscal Mirna Ortiz aseguró que las pruebas presentadas confirman sin lugar a dudas que Alexis Medina operó un mecanismo sofisticado de corrupción desde diversas instituciones públicas.
Destacó que el acusado omitió en su defensa detalles clave como los sobornos registrados en cheques, reuniones en la OISOE, y sesiones de crédito falsificadas, aspectos comprobados mediante peritajes caligráficos y testimonios de testigos.
Petición de penas para implicados
El órgano acusador solicitó 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra Medina Sánchez, junto con la inhabilitación para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado por 10 años.
Asimismo, se pidió que José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda sean condenados a 15 años de cárcel, por su rol como prestanombres y operadores financieros del esquema.
Otros acusados, como Carmen Magalys Medina Sánchez y Fernando Aquilino Rosa Rosa, enfrentan peticiones de 10 años de prisión por su vinculación directa con la aprobación de pagos irregulares desde el Fonper.
Amplia red de testaferros y facilitadores
El expediente también involucra a una red de testaferros, contadores y exfuncionarios públicos. Entre ellos, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea), Carlos José Alarcón y Libni Valenzuela Matos, a quienes se acusa de encubrir propiedades y simular operaciones comerciales.
Otros implicados enfrentan cargos de lavado de activos, falsificación, y desfalco, incluyendo a Rigoberto Alcántara Batista, Antonio Florentino Méndez, José Miguel Genao Torres y Carlos Martín Montes de Oca.
Para Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor, y el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, se solicitó una pena de cinco años de prisión y la imposición de multas.
Decomisos y degradación cívica
El Ministerio Público también pidió el decomiso de todos los bienes adquiridos con fondos ilícitos, además de la degradación cívica de todos los procesados, lo que incluye la suspensión de derechos civiles y políticos.
El acusado Víctor Matías Encarnación Montero, quien se acogió a un acuerdo con el Ministerio Público, podría enfrentar una condena de cinco años suspendida, además de condiciones como abstenerse de contratar con el Estado y una multa de 500 salarios mínimos.
Según la acusación, el dinero recuperado voluntariamente por Encarnación asciende a más de 15 millones de pesos.
La fiscalía asegura que el caso Antipulpo sienta un precedente importante en la lucha contra la corrupción y que ahora le corresponde a la justicia responder a las expectativas de la sociedad.
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