Dary Terrero
Santo Domingo. – La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) expresó su profunda preocupación por la aprobación en única lectura del proyecto que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
La organización ambientalista advirtió que la pieza legal, ya enviada al Poder Ejecutivo para su posible promulgación, representa un grave retroceso en materia de sostenibilidad, inclusión y gobernanza ambiental.
Proyecto aprobado sin ajustes técnicos
Durante un encuentro celebrado en la Torre AIRD, la presidenta interina de Ecored, Christy Luciano, acompañada de miembros del consejo directivo, criticó que el proyecto aprobado por el Senado carece de ajustes técnicos esenciales para garantizar una gestión eficiente de los residuos sólidos.
Luciano señaló que, en lugar de fortalecer los mecanismos institucionales, la modificación introduce elementos que debilitan el marco normativo vigente, limitando la participación efectiva del sector privado, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
Ecored considera que este tipo de reformas deben construirse sobre la base de un diálogo amplio y técnico, incluyendo a los actores económicos, ambientales y sociales del país.
Impacto negativo sobre sostenibilidad y transparencia
Según la entidad, los cambios aprobados desmantelan principios clave establecidos en la Ley 225-20, como la trazabilidad de residuos, la responsabilidad extendida del productor y la articulación público-privada en la cadena de valorización de desechos.
“El proyecto no solo pone en riesgo los avances logrados en reciclaje y coprocesamiento, sino que mina la confianza en las políticas públicas ambientales”, alertó Luciano.
Ecored también lamentó la ausencia de un análisis de impacto normativo previo a la aprobación, lo que, a su juicio, podría provocar consecuencias no previstas para el sistema nacional de gestión de residuos.
Llamado al Poder Ejecutivo
La organización instó al presidente Luis Abinader a no promulgar la reforma y a devolver el proyecto al Congreso para un análisis más riguroso y participativo.
Consideraron que el país no puede permitirse debilitar sus políticas ambientales en momentos donde los compromisos internacionales sobre cambio climático, economía circular y Agenda 2030 exigen mayor coherencia institucional.
Ecored recordó que las MiPymes son actores fundamentales en la economía verde y requieren un entorno regulatorio que les permita integrarse activamente sin cargas excesivas ni trabas burocráticas.
Riesgos para el sector empresarial
La red empresarial aseguró que varias disposiciones del proyecto podrían excluir a importantes sectores productivos de los procesos de certificación, fiscalización y acceso a incentivos, creando inequidades entre grandes corporaciones y pequeñas empresas.
Asimismo, advirtieron que se perdería la oportunidad de consolidar un sistema eficiente que promueva la reducción, reutilización y reciclaje como pilares de una economía circular en República Dominicana.
Dary Terrero
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