El Ministerio Público sostiene que los implicados en la denominada Operación Cobra 2.0 habrían utilizado información de afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para generar reclamaciones médicas por servicios que los pacientes nunca solicitaron ni recibieron.
Según la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano persecutor, empleados y exempleados de SeNaSa accedieron a los sistemas de la aseguradora para obtener datos confidenciales de los asegurados. Esa información era utilizada para preparar reclamaciones falsas, que luego eran formalizadas por médicos vinculados a la investigación.
Principales señalados
El numeral 23 del expediente identifica a Ángel Luís Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino y Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova entre los investigados que habrían tenido acceso a los datos de los afiliados. De acuerdo con la acusación, la información era entregada a médicos para que elaboraran las reclamaciones correspondientes, simulando servicios médicos inexistentes.
Formalización de reclamaciones
El Ministerio Público explica que, una vez elaboradas las reclamaciones, los formularios eran completados por profesionales de la salud para darles apariencia de regularidad. El numeral 24 del documento indica que estos eran “firmados, sellados y se les colocaba el código PSS por parte de los médicos”, antes de ser procesados.
La solicitud describe una estructura con una “división clara y definida de roles”, en la que participaron empleados y exempleados de SeNaSa, médicos y otras personas vinculadas al esquema.
Selección de víctimas
El expediente también plantea que los integrantes de la presunta estructura seleccionaban deliberadamente a los afiliados cuyos datos serían utilizados. El numeral 32, correspondiente a las páginas 23 y 24, señala que se escogían perfiles de asegurados con baja frecuencia de uso del seguro médico o residentes en zonas donde era menos probable que detectaran irregularidades.
Esta estrategia permitía que los servicios falsos registrados pasaran inadvertidos, reduciendo las posibilidades de que los afectados denunciaran el fraude.
Distribución del dinero
Una vez procesadas las reclamaciones y efectuados los pagos por parte de SeNaSa, los recursos obtenidos eran distribuidos entre los integrantes de la estructura. El numeral 36 del expediente indica que los médicos participantes entregaban entre el 40 % y el 60 % del monto cobrado a otros miembros del grupo, mediante efectivo o transferencias bancarias.
El esquema, según la acusación, seguía un patrón definido:
- Obtención de información de los afiliados.
- Elaboración de reclamaciones falsas.
- Formalización de formularios por médicos.
- Procesamiento y pago de las reclamaciones.
- Distribución de los beneficios económicos.
Impacto en el sistema de salud
El Ministerio Público advierte que este tipo de prácticas no solo generaron pérdidas millonarias al sistema público de salud, sino que también afectaron la confianza de los ciudadanos en la institución. Miles de afiliados habrían visto sus datos utilizados sin consentimiento, con diagnósticos y procedimientos inexistentes registrados a sus nombres.
Próximos pasos judiciales
Las imputaciones forman parte de la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público y deberán ser determinadas por los tribunales conforme avance el proceso. La fiscalía ha solicitado prisión preventiva para los principales cabecillas y medidas restrictivas para los implicados de menor jerarquía.
El caso se perfila como uno de los más complejos en materia de corrupción administrativa vinculada al sector salud, y su desenlace será clave para establecer precedentes en la lucha contra el fraude institucional.