Dary Terrero
El abogado de Ingrid Jorge, Enrique Santelises, afirmó que su defendida atraviesa una difícil situación económica que le impide asumir la garantía económica de tres millones de pesos solicitada por el Ministerio Público como parte de la medida de coerción.
La comunicadora es acusada de difamación e injuria por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, tras haber difundido supuestos datos personales en una transmisión en vivo.
Consideran exagerada la solicitud del Ministerio Público
El jurista calificó la solicitud del órgano acusador como “desproporcionada y sin base legal”, y sostuvo que su clienta no fue informada previamente del monto requerido.
Dijo que imponer una garantía de tres millones a una persona que “no tiene ni para pagar un Uber” demuestra la falta de objetividad en este proceso, y constituye una violación al debido proceso.
Aseguró que Ingrid Jorge ha cumplido con cada citación de las autoridades y ha demostrado disposición de colaborar con la justicia, por lo que entiende que no representa peligro de fuga ni de obstaculizar la investigación.
Señalan persecución judicial
Santelises reiteró que detrás de esta acción judicial hay intereses que buscan silenciar la opinión de su clienta y castigarla por expresar ideas incómodas para el poder político.
“Estamos frente a una medida coercitiva usada como castigo anticipado. Esto no se trata solo de proteger derechos individuales, sino de enviar un mensaje a quien se atreva a cuestionar a las figuras del gobierno”, expresó.
Recordó que los principios del derecho penal establecen la proporcionalidad y la excepcionalidad de la prisión preventiva o medidas restrictivas, y que estas deben estar motivadas por hechos y pruebas claras.
Acusación tras transmisión en redes
La causa se originó luego de que Ingrid Jorge afirmara en una transmisión en vivo que poseía videos íntimos que comprometían a la ministra Faride Raful y a la exministra de Cultura, Milagros Germán. Tras esas declaraciones, Raful procedió legalmente por supuesta difamación e injuria.
El caso ha escalado en la opinión pública tras las declaraciones de Claudia Pérez (La Tora), madre de la imputada, quien aseguró que su hija fue engañada por personas vinculadas a un exfuncionario.
Según sus palabras, estas personas ofrecieron datos falsos a cambio de dinero y buscaban provocar un escándalo mediático.
La Tora también señaló a figuras del Ministerio Público y a comunicadores de estar detrás de una campaña coordinada contra su hija, revelando pagos millonarios por parte de entidades estatales para atacar a ciertos líderes.
Defensa se prepara para la audiencia
El abogado adelantó que agotarán todos los recursos necesarios para demostrar la vulneración de derechos en este caso. Además, advirtió que solicitarán la revisión inmediata de la medida de coerción si esta es impuesta sin una debida justificación.
Mientras tanto, Ingrid Jorge se mantiene en libertad, a la espera de que el tribunal determine si acoge o rechaza la solicitud del Ministerio Público.
Dary Terrero
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