Dary Terrero
Irma Hernández Cruz, de 62 años, fue secuestrada a plena luz del día en Álamo Temapache, Veracruz, y hallada asesinada días después.
Su secuestro fue un mensaje de terror: no pagó cuota a la Mafia Veracruzana, brazo del crimen organizado que controla la región.
Video de advertencia y mensaje de extorsión
Un video difundido mostró a Irma arrodillada, rodeada de hombres armados y encapuchados.
En el mensaje obligado, decía: “Compañeros taxistas, con la Mafia Veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe de ser… o van a terminar como yo” .
Feminicidio provocado por extorsión criminal
Irma era maestra jubilada que trabajó como taxista para solventar sus gastos tras 40 años de servicio docente.
El crimen ocurrió el 18 de julio frente al mercado municipal, luego su cuerpo fue hallado seis días después en un rancho a más de 40 km del lugar inicial .
Las autoridades investigan una disputa entre grupos delictivos por el control del cobro de piso en la zona .
Autoridades federales responden a la crisis
El Gabinete de Seguridad federal informó que investigan el caso en coordinación con el gobierno de Veracruz.
Aseguran que la muerte de Irma no quedará impune y prometieron reforzar medidas de seguridad en el estado .
La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el hecho y reafirmó el apoyo federal para detener a los responsables .
Control criminal sobre comunidades vulnerables
La Mafia Veracruzana, también llamada Grupo Sombra, opera en municipios del norte de Veracruz como Álamo Temapache, Tuxpan, Tantoyuca y Pánuco.
Este grupo se destaca por imponer cuotas mediante la violencia, ejecuciones públicas y control social generalizado .
Las autoridades identifican tensiones con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el dominio territorial en la región .
Impacto social y ausencia de denuncias
El caso de Irma refleja la extorsión como forma de terror cotidiana: casi siete millones de personas sufren extorsión cada año en México, pero solo 0.2 % denuncia por miedo a represalias .
El asesinato evidencia la crisis de seguridad y la impunidad que sufren trabajadores del transporte y pequeños comerciantes.
Leydi Quezada
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