Steffany Baez
Organizaciones defensoras de inmigrantes en Estados Unidos y estudiantes advirtieron este jueves que la próxima prohibición de indocumentados en las universidades públicas de Florida provocará pérdidas millonarias al estado y cerrará la puerta a decenas de miles de jóvenes que crecieron allí.
Las agrupaciones calificaron como “perniciosas” dos normas que avanzan en Florida: una avalada hace una semana por la Junta de Gobernadores de las 12 universidades públicas y otra aprobada el martes por la Junta Estatal de Educación de los 28 colegios superiores (‘colleges’).
Impacto económico y legal
El Florida Policy Institute estima que tan solo la norma propuesta para los colleges, que suelen enfocarse en pregrados, costará al sistema unos 15 millones de dólares en matrículas y tasas perdidas de jóvenes inmigrantes.
“No solo es innecesaria, sino que es dañina para las metas de educación superior del estado y para su presupuesto, y probablemente sea ilegal también”, afirmó la analista sénior de políticas Alexis Tsoukalas, quien recordó que el Comité Conjunto de Procedimientos Administrativos del Legislativo envió una carta cuestionando la legalidad de la medida.
Las reglas, que aún deben pasar por más trámites y consultas, afectarían a más de 49,000 estudiantes indocumentados que cursan educación superior en Florida, donde unos 8,000 jóvenes sin estatus legal se gradúan cada año de secundaria, según datos del Higher Ed Immigration Portal.
Restricciones crecientes
Florida, tercer estado con más inmigrantes indocumentados en EE.UU. (1.6 millones, según el Pew Research Center), ya había endurecido las condiciones en los últimos dos años. Los estudiantes sin estatus legal perdieron el derecho a pagar la tasa preferencial para residentes (‘in-state tuition’) pese a haber vivido en el estado desde su infancia.
La directora legal adjunta para la justicia de los inmigrantes del Southern Poverty Law Center, AJ Hernández Anderson, denunció que las prohibiciones “excluirán en la práctica a miles de estudiantes y privarán al sistema público de millones de dólares que necesita para sostenerse”.
Testimonios de estudiantes y líderes
Tsoukalas advirtió además que la matrícula en los colleges lleva años en descenso y que el veto aleja la meta estatal “Sail to Sixty”, que aspira a que el 60 % de los floridanos en edad de trabajar tengan un título o credencial en 2030.
La miembro de la junta escolar de Miami-Dade, Luisa Santos, recordó que fue indocumentada durante parte de su educación y que gracias al sistema público llegó a la Universidad de Georgetown, creó una empresa y obtuvo la ciudadanía. “Si estas normas hubieran existido cuando yo era estudiante, nada de eso habría sido posible”, afirmó.
Por su parte, Alexander Villalobos, estudiante de Informática de la Universidad de Florida Central, lamentó que las propuestas “envían un mensaje doloroso a los jóvenes que lo hicieron todo bien”.
“Les dicen que su esfuerzo no basta y que sus sueños no valen nada”, añadió, tras relatar que perdió la matrícula preferencial y su beca, lo que retrasó dos años su graduación.
El director ejecutivo del Hope CommUnity Center, Felipe Sousa-Lazaballet, indocumentado durante 15 años tras llegar de Brasil, sostuvo que la decisión definirá si la educación es “una escalera de oportunidades o una puerta cerrada” para los vecinos del estado.
Proceso abierto
Los convocantes subrayaron que el proceso normativo sigue abierto y llamaron a participar en los periodos de discernimiento público. “Todavía hay tiempo para que el poder de la gente prevalezca”, expresó Katherine Leiva, directora ejecutiva de Engage Miami.
Dary Terrero
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