Dary Terrero
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó un nuevo protocolo de actuación para las entrevistas forenses dirigidas a víctimas y testigos en condición de vulnerabilidad, como parte de su compromiso con un sistema judicial más inclusivo y respetuoso de los derechos fundamentales.
La decisión fue adoptada durante la sesión núm. 18/2025 del Pleno de la SCJ, celebrada el 17 de julio, en cumplimiento de la sentencia TC/0522/23 del Tribunal Constitucional.
Esta sentencia establece que la reglamentación de tales entrevistas es competencia exclusiva del Pleno, como garante de la función jurisdiccional.
El protocolo establece las directrices para la realización de entrevistas a personas como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y otros grupos que enfrentan barreras para interactuar con el sistema de justicia.
Estas entrevistas serán consideradas anticipo de prueba y se realizarán bajo condiciones que garanticen la dignidad, seguridad y confidencialidad de las víctimas o testigos.
Protección reforzada durante el proceso judicial
Uno de los principales objetivos del nuevo protocolo es prevenir la victimización secundaria de los entrevistados y asegurar que sus declaraciones se recojan con pleno respeto a sus derechos.
Además, se busca fortalecer el acceso a la justicia mediante procedimientos uniformes en todos los Centros de Entrevistas Forenses del país.
La SCJ resaltó que la elaboración del documento responde al mandato constitucional de protección de los derechos fundamentales y a los compromisos asumidos por la República Dominicana en tratados internacionales.
Entre estos se destacan la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Capacitación y aplicación nacional
El nuevo protocolo entrará en vigencia tras su publicación en el portal institucional del Poder Judicial.
Además, la Escuela Nacional de la Judicatura será responsable de su difusión y de capacitar a jueces, juezas y demás operadores del sistema judicial, con el fin de garantizar su correcta implementación en los tribunales del país.
Con esta medida, la Suprema Corte de Justicia refuerza su compromiso con un sistema judicial que atienda con sensibilidad y garantías a los sectores más vulnerables de la población, asegurando que puedan participar en los procesos sin ser revictimizados.
Steffany Baez
Agregar comentario