SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público identificó a los ex encargados de seguridad del INAIPI, Senasa y las empresas distribuidoras de electricidad (EDEs) como los principales señalados por recibir sobornos dentro de la estructura desmantelada mediante la Operación Lobo, que investiga irregularidades en la contratación de servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
El expediente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) detalla que estos exempleados públicos, junto a oficiales activos y retirados, habrían favorecido a determinadas compañías a cambio de pagos ilegales para la asignación de contratos en el Estado.
Aplazada la audiencia para medida de coerción
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el próximo lunes el conocimiento de las medidas de coerción contra los imputados, entre los que figuran coroneles en servicio, generales retirados y empresarios civiles, todos arrestados tras una serie de allanamientos realizados en el Distrito Nacional y Santiago.
El Ministerio Público acusa al grupo de operar una red delictiva que se apoyaba en el pago de sobornos, falsificación de documentos y tráfico de influencias para adjudicar contratos de seguridad, violando la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, así como el Código Penal.
Contratos amañados y desvío de fondos
Según las autoridades, los acusados diseñaron un esquema irregular para colocar empresas vinculadas o aliadas en licitaciones públicas, favoreciéndose indebidamente del presupuesto estatal asignado a servicios de vigilancia y protección.
Entre las instituciones afectadas se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE Este, EDE Sur y EDE Norte), cuyos antiguos responsables de seguridad interna son señalados como receptores directos de pagos ilícitos.
Red con vínculos militares y civiles
Durante los 15 allanamientos ejecutados en el marco de la operación, participaron 189 agentes policiales y 26 fiscales.
Se recolectaron documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos de prueba que comprometerían a los detenidos en una estructura con conexiones entre el sector público, privado y exmiembros de cuerpos castrenses.
El Ministerio Público solicitará prisión preventiva como medida de coerción para varios de los implicados, mientras se profundizan las investigaciones sobre el alcance económico y jerárquico de la red.