El senador por la provincia Pedernales, Augusto Velázquez, alzó su voz en defensa de los pescadores y obreros de la pesca que denuncian maltratos y desalojos injustificados en la zona costera.
Velázquez, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), reaccionó a las denuncias emitidas a través del programa La Mañana con Dary desde Pedernales, donde los afectados aseguraron estar siendo desplazados de espacios donde han trabajado durante más de 50 años.
Reclamos desde el hemiciclo
Desde el Congreso Nacional, el legislador denunció que los hombres y mujeres dedicados a la pesca están siendo víctimas de desalojos forzosos, sin previo aviso ni alternativas viables para continuar con su medio de sustento.
“Están maltratando a nuestra gente de la pesca, familias enteras que han vivido por generaciones de esta actividad. No se puede hablar de desarrollo si eso implica pisotear los derechos de los más humildes”, expresó el senador enérgicamente.
Pide diálogo con las autoridades
Velázquez hizo un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que se acerquen a las comunidades afectadas y escuchen sus necesidades.
“La solución no puede ser la imposición. Se debe buscar un entendimiento a través del diálogo. Los pescadores de Pedernales no son intrusos, son parte de la historia y del presente de nuestra provincia”, sostuvo.
Según explicó, muchos de estos trabajadores han construido viviendas improvisadas, almacenes de equipos y pequeños muelles en áreas que, si bien hoy se consideran de interés turístico, forman parte de su entorno laboral y social desde hace décadas.
Impacto humano y económico
El legislador advirtió que los desalojos indiscriminados no solo afectan a los pescadores, sino también a sus familias, al comercio local y al equilibrio social de toda la zona costera.
“Pedernales necesita desarrollo, pero con justicia social. Los pescadores no pueden ser marginados ni desplazados como si fueran obstáculos. Son parte esencial de lo que somos”, enfatizó Velázquez.
Reiteró que está dispuesto a servir como mediador entre las partes involucradas, y recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar el respeto a los derechos laborales, históricos y humanos de los trabajadores de la pesca.